Piden pan, no les dan; piden queso les dan un hueso

Aserrín, aserrán. Piden explicaciones. Les ofrecemos tecnicismos. Piden comprender qué ocurrió, por qué ocurrió y qué consecuencias tendrá una decisión. Les respondemos con categorías jurídicas que, aunque indispensables para resolver un caso, muchas veces no alcanzan para responder las preguntas que realmente están formulando.

Durante mucho tiempo creímos que el problema era de claridad. Y, en parte, lo es. La expansión del lenguaje claro ha sido una de las transformaciones más valiosas de las últimas décadas porque nos recuerda algo elemental: las instituciones no deberían comunicarse de manera incomprensible con las personas a las que sirven.

Sin embargo, cada vez resulta más evidente que el desafío es más profundo. La distancia entre lo que las instituciones dicen y lo que la ciudadanía escucha no se explica solamente por la complejidad del lenguaje. Algo más cambió. Y ese cambio afecta directamente a los sistemas de justicia.

Una pista interesante surge de una investigación publicada en 2021 por Marten Scheffer y otros autores[i]. Analizando millones de libros publicados entre 1850 y 2019, junto con el archivo completo de The New York Times y tendencias de búsqueda en Google, identificaron una transformación cultural de enorme magnitud. Después de más de un siglo de crecimiento sostenido de los términos asociados a racionalidad, análisis y causalidad, el lenguaje comenzó a desplazarse progresivamente hacia registros vinculados con la emoción, la intuición y la experiencia subjetiva.

No se trata de una curiosidad académica. Se trata de una de las claves para comprender nuestro tiempo.

Durante generaciones, buena parte de las instituciones modernas construyeron legitimidad apoyándose en una premisa relativamente estable: los hechos importaban, los expertos gozaban de autoridad y las decisiones podían justificarse mediante argumentos racionales. Hoy ese escenario se ha vuelto considerablemente más complejo. Los hechos siguen importando. La evidencia sigue siendo imprescindible. El conocimiento experto continúa siendo necesario. Pero ya no alcanzan, por sí solos, para producir comprensión social.

La posverdad no consiste simplemente en la circulación de noticias falsas. Representa algo más grave: la pérdida de eficacia de los mecanismos tradicionales mediante los cuales las sociedades construían consensos acerca de qué es verdadero, relevante o digno de confianza.

Para los sistemas de justicia esto plantea un desafío extraordinario.

Durante décadas, los sistemas judiciales pudieron confiar en que la calidad técnica de sus decisiones constituía el principal fundamento de su legitimidad. Esa calidad continúa siendo indispensable. Ninguna estrategia de comunicación puede reemplazar una mala decisión. Pero una decisión jurídicamente impecable puede fracasar si no logra ser comprendida, contextualizada y situada dentro de conversaciones públicas cada vez más fragmentadas, emocionales y aceleradas.

Por eso la comunicación dejó de ser una función auxiliar de los sistemas de justicia. Se convirtió en una condición de legitimidad.

La afirmación puede parecer exagerada. No lo es.

Las personas ya no conocen a las instituciones exclusivamente a través de su experiencia directa. Las conocen a través de relatos, fragmentos de información, videos breves, titulares, recomendaciones algorítmicas y conversaciones digitales. En ese ecosistema, la construcción de sentido se volvió tan importante como la producción de información.

Frente a este escenario, la reacción habitual de los poderes judiciales suele consistir en buscar soluciones simples. Pensamos que el problema es el lenguaje técnico y respondemos con lenguaje claro. Pensamos que el problema es la falta de presencia digital y respondemos con más publicaciones en las redes sociales.

Todas esas herramientas son necesarias. Ninguna es suficiente.

No estamos frente a problemas lineales. Estamos frente a una transformación profunda de los modos en que las personas interpretan la realidad, confían en las instituciones y construyen pertenencia.

Por eso la comunicación judicial ya no puede limitarse a traducir decisiones. Necesita recuperar algo que durante años permaneció fuera de su campo de visión: las historias.

Las personas no viven conflictos jurídicos. Viven divorcios, estafas, accidentes, discriminaciones, pérdidas, incumplimientos, violencias y disputas. El derecho interviene sobre esos acontecimientos y los transforma en categorías jurídicas para poder resolverlos. Ese proceso es imprescindible. Pero cuando llega el momento de comunicar, muchas veces olvidamos el punto de partida.

Allí es donde el storytelling deja de ser una técnica de moda para convertirse en una herramienta estratégica. No para reemplazar el derecho por emociones, sino para restituir el contexto humano sobre el que el derecho opera. Las decisiones judiciales necesitan precisión jurídica. Pero también necesitan sentido.

A este panorama se suma otro actor que modifica aceleradamente las reglas del juego: la inteligencia artificial.

Con frecuencia la pensamos como una herramienta destinada a mejorar procesos internos. Sin embargo, su impacto es mucho más amplio. La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas buscan información, construyen conocimiento, verifican datos y se relacionan con la autoridad. Está modificando expectativas acerca de la velocidad de respuesta, la disponibilidad de información y la capacidad de explicación de las instituciones.

En otras palabras: la inteligencia artificial no es solamente una herramienta para comunicar. Es una de las razones por las cuales necesitamos repensar la comunicación.

Nada de esto puede abordarse desde una sola disciplina.

La construcción de legitimidad en el siglo XXI requiere la cooperación de magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios judiciales, abogadas y abogados, periodistas, especialistas en comunicación, académicos, expertos en tecnología y profesionales capaces de comprender fenómenos complejos sin reducirlos a eslóganes tranquilizadores.

Como suele señalar Daniel Innerarity, la complejidad no se resuelve abandonándola. Se resuelve aprendiendo a permanecer en ella.

Tal vez ese sea el verdadero desafío de nuestro tiempo. No encontrar respuestas simples para problemas complejos, sino construir mejores preguntas. No comunicar más, sino comunicar mejor. No defender instituciones mediante discursos autorreferenciales, sino reconstruir los vínculos de confianza que hacen posible la convivencia democrática.

Porque cuando las personas piden pan y reciben otra cosa, el problema no está necesariamente en quien pregunta. Puede estar en nuestra incapacidad para comprender qué nos están pidiendo realmente.

La pregunta entonces es evidente: ¿dónde aprendemos todo esto?

¿Dónde se discuten conjuntamente lenguaje claro, storytelling, inteligencia artificial, gestión de crisis, redes sociales, periodismo, comunicación institucional inclusiva y no revictimizante, reputación y legitimidad judicial?

¿Dónde pueden dialogar magistrados, funcionarios judiciales, abogados, periodistas, académicos, especialistas en comunicación y profesionales de la tecnología sobre problemas que ninguna disciplina puede resolver por sí sola?

La respuesta es menos obvia de lo que parece porque, en realidad, estamos asistiendo al nacimiento de un campo profesional.

Todavía existen pocos espacios capaces de reunir de manera sistemática las experiencias, herramientas, investigaciones y aprendizajes acumulados por quienes trabajan en esta materia.

Esa es precisamente la razón por la cual el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial representa una oportunidad singular.

No se trata simplemente de un evento académico más. Es uno de los primeros esfuerzos sistemáticos para reunir en un mismo espacio a quienes estudian, gestionan y practican la comunicación judicial en distintos países de Iberoamérica.

Durante dos jornadas participarán especialistas reconocidos. Compartirán herramientas, investigaciones, experiencias exitosas y, algo igualmente valioso, los errores y fracasos que permitieron construir esos aprendizajes.

Porque nadie domina por sí solo todos estos temas.

Si ese diagnóstico es correcto, entonces el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial no es solamente un congreso. Es una invitación a participar en una conversación que recién comienza y que probablemente contribuya a definir cómo se construirá la legitimidad judicial durante las próximas décadas.


 NOTAS

[i] Scheffer, M., van de Leemput, I., Weinans, E., & Bollen, J. (2021). The rise and fall of rationality in language. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(51), Article e2107848118. https://doi.org/10.1073/pnas.210784811