La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso y dejó firme la condena a ocho años de prisión para un hombre involucrado en el abuso sexual continuado de una joven con discapacidad mental leve, en un caso que expone la extrema vulnerabilidad de víctimas en entornos rurales de la provincia de Córdoba.
La mujer era entregada por otra persona a trabajadores ladrilleros a cambio de dinero y alimentos, sufriendo violaciones reiteradas y golpizas entre 2013 y 2019.
La joven, con una disminución en sus capacidades intelectuales, se encontraba en una situación de extrema desprotección: abandonada por su madre, sin educación formal, analfabeta y sin manejo de dinero, había llegado a ese lugar tras separarse de su pareja y carecer de familia.
El caso se desarrolló en un cortadero de ladrillos ubicado en el camino Costa Canal 8, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en una zona periférica conocida por sus condiciones precarias.
Según los detalles de la causa, Carlos Rubén Ledesma, alias “Cospel”, junto con Sergio Daniel Carranza (“Gordo” o “Rengo”), Carlos Gabriel Balicki (“Mono”) y otros individuos cuya situación procesal aún no se define, accedieron carnalmente a la víctima.
La joven, con una disminución en sus capacidades intelectuales, se encontraba en una situación de extrema desprotección: abandonada por su madre, sin educación formal, analfabeta y sin manejo de dinero, había llegado a ese lugar tras separarse de su pareja y carecer de familia.
La facilitadora de estos abusos fue Irma Magdalena Ponce, quien administraba “turnos” para que los hombres violaran a la víctima en una habitación de su casa, cercana al cortadero.
Ponce, también condenada en el juicio, sometía a la joven a vejaciones o la privaba de comida si se negaba a cumplir con los pactos.
Los abusos incluían no solo violaciones, sino también obligarla a practicar sexo oral y masturbaciones. En su declaración durante el debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba, la víctima describió la horrorosa rutina: “Me tenían como esclava; iban llegando uno después del otro, sacaban turno como en un dispensario”.
Intentó denunciar los hechos a la Policía, pero le advirtieron que las cosas empeorarían, lo que la disuadió. La sentencia inicial fue confirmada por la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declaró inadmisible la presentación, consolidando así la pena de ocho años para Ledesma.