Que un tribunal pida perdón no es un gesto de empatía; es la constatación de un fracaso institucional. Es el reconocimiento de que las demoras judiciales no son meros "tiempos técnicos" ni inevitables desajustes del procedimiento, sino una forma concreta de violencia burocrática ejercida contra quienes no tienen margen para reclamar celeridad. Cuando el Estado llega tarde a la infancia, no llega: comparece ante una historia ya dañada.
El núcleo del problema reside en la colisión de dos cronologías irreconciliables. El derecho de familia ha sido administrado, demasiadas veces, en el tiempo de los anaqueles: pausado, burocrático, ajeno al pulso de la vida que dice proteger. La infancia, en cambio, sucede en el tiempo de lo biográfico: un tiempo que no admite suspensiones, prórrogas ni "pases a despacho".
No se trata de una exigencia moral ni de una sensibilidad particular del juzgador. El deber de decidir con urgencia cuando hay niños involucrados es una obligación jurídica positiva, derivada del mandato de priorización absoluta que pesa sobre el Estado. El plazo razonable, en este campo, no es una garantía procesal del adulto, sino una condición de posibilidad del desarrollo infantil. Cada día de demora constituye, en sí mismo, una vulneración autónoma de derechos, aun cuando la sentencia final sea "correcta" en términos formales.
En esa brecha entre el expediente y la vida, el sistema judicial ha naturalizado una crueldad estructural: tratar el crecimiento de un niño como si fuera un trámite administrativo. Sin embargo, el sistema no es un engranaje anónimo; tiene nombres, despachos y horarios de salida. Detrás de cada "pase a despacho" que duerme un mes, hay un funcionario que ha naturalizado el expediente como un objeto inerte, olvidando que cada foja es un tejido vivo.
Bajo una lógica adultocéntrica y anestesiada, se postergaron definiciones en nombre de una supuesta prudencia que, vista de cerca, se parece demasiado a la inercia. Para el operador judicial, un año puede ser apenas un turno; para un niño, un año es una porción irrecuperable de identidad, de pertenencia, de historia.
La verdadera patología no es la falta de recursos, sino la pérdida de la capacidad de asombro ante el dolor ajeno. El perdón institucional resulta cínico si el operador que maltrató el reloj biográfico de un niño ayer, hoy sigue analizando la vulnerabilidad con la misma distancia gélida con la que se tilda un casillero impositivo.
Bajo una lógica adultocéntrica y anestesiada, se postergaron definiciones en nombre de una supuesta prudencia que, vista de cerca, se parece demasiado a la inercia. Para el operador judicial, un año puede ser apenas un turno; para un niño, un año es una porción irrecuperable de identidad, de pertenencia, de historia.
Hay una honestidad brutal que el fallo omite: el derecho no puede reparar lo que no puede comprender. No hay sentencia, por más florida que sea su prosa, que devuelva el apego no construido, el abrazo que no sucedió en la ventana crítica del desarrollo o la identidad fragmentada por la incertidumbre.
En justicia de familia, la sentencia tardía no es justicia a medias: es una parodia de justicia que llega a la escena del crimen cuando el cuerpo de la infancia ya ha sido consumido por la cronología del abandono.
Por eso, la orden de pedir disculpas, aun con su potencia simbólica, resulta estructuralmente insuficiente si no va acompañada de una revisión profunda de las prácticas que produjeron el daño. El perdón no puede funcionar como un gesto autocomplaciente que clausure el conflicto. El sistema judicial no puede permitirse usar la disculpa como una coartada moral para seguir operando del mismo modo al día siguiente.
Persistir en un modelo que admite demoras estructurales sin consecuencias funcionales es aceptar que el daño a la infancia forme parte del costo operativo del sistema. Mientras la mora judicial en procesos que involucran niños no genere responsabilidad concreta -administrativa, disciplinaria o institucional- el interés superior seguirá siendo una cláusula retórica y no un principio rector efectivo. No hay cultura de la urgencia sin consecuencias por la demora.
No hay reparación posible cuando el tiempo de la infancia ya fue consumido por la espera estatal. El derecho de niños y niñas no es solo a ser oídos, protegidos o adoptados: es a que todo eso ocurra a tiempo. Mientras la justicia no asuma que cada día de demora es una pérdida irreparable, las disculpas seguirán siendo el testimonio tardío de un daño que el propio sistema produjo.
La disculpa debe ser el acta de defunción de un modelo y no un paliativo para que nada cambie. Si el interés superior del niño ha de ser operativo, el sistema judicial debe implementar verdaderas "alarmas biográficas" que bloqueen la inercia procesal. Un expediente de adopción o de abrigo no puede tener la misma cadencia que un juicio ejecutivo por expensas.
Salir de la deuda estructural requiere una justicia de prioridades, donde el reloj del juzgado se sincronice, por ley y bajo pena de mal desempeño, con el latido del desarrollo infantil. Menos literatura del perdón y más gestión de la urgencia.
Desde esta perspectiva, el fallo no debería leerse como un motivo de celebración, sino como una advertencia institucional. Reconocer el daño es apenas el primer paso. La verdadera reparación no se agota en una audiencia de disculpas ni en un acto simbólico, sino que se juega en la capacidad del Estado de diseñar un sistema que no produzca, de manera reiterada, infancias en espera.
Un sistema que pide disculpas pero no modifica sus tiempos no repara: administra culpas tardías mientras sigue produciendo infancias en espera.
No hay reparación posible cuando el tiempo de la infancia ya fue consumido por la espera estatal. El derecho de niños y niñas no es solo a ser oídos, protegidos o adoptados: es a que todo eso ocurra a tiempo. Mientras la justicia no asuma que cada día de demora es una pérdida irreparable, las disculpas seguirán siendo el testimonio tardío de un daño que el propio sistema produjo.
La verdadera deuda no se salda con palabras, sino con un sistema que garantice, sin excepciones, el derecho a crecer con decisiones oportunas.