La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), dio a conocer su balance estadístico para el período de mayo a agosto de 2025.
El organismo a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva llevó adelante 57 colaboraciones con otras autoridades y abrió 48 investigaciones preliminares, marcando un notable crecimiento en su actividad operativa.
El documento reveló un aumento significativo en las colaboraciones, especialmente aquellas provenientes de instancias federales. Aunque el porcentaje de solicitudes federales se mantuvo constante, el volumen total creció más del 120% en comparación con el cuatrimestre previo.
Respecto a las armas, el 48,4% estaba registrada, pero el 34,4% no lo estaba. Además, muchas de las registradas pertenecían a titulares sin habilitación vigente, lo que configura tenencia ilegal.
Esto, según el informe, “evidencia una mayor demanda operativa y una consolidación del rol de la UFIARM como unidad técnica de referencia en investigaciones complejas vinculadas con armas de fuego”.
Las asistencias se concentraron mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, con 21 casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16) y Santa Fe (10).
En términos de origen, el 50,9% provino del fuero ordinario, el 35,1% del federal, el 12,3% de dependencias especializadas de la Procuración General de la Nación (PGN) y un 1,8% del extranjero.
Un eje central del análisis es el rastreo de cómo las armas pasan del circuito legal al ilegal. El documento enfatiza que “identificar el punto donde las armas pasan de la legalidad al mercado ilegal, para procurar el desarme de quienes están actuando por fuera de la ley” es clave, y por eso se examina exhaustivamente la situación registral de personas y armas implicadas.
En cuanto a la eficiencia, el promedio de respuesta a los pedidos fue de 2,94 días corridos (o 1,98 hábiles), con el 77,2% resueltos en las primeras 24 horas corridas (78,9% en hábiles).
El informe pone el foco en las anomalías detectadas en las colaboraciones. Una “proporción mayoritaria” de las personas consultadas no estaba habilitada para poseer armas legalmente, ya sea por falta de inscripción en el Registro Nacional de Armas (RENAR) o por vencimiento de su estatus.
Específicamente, el 58,6% no figuraba inscripto, y entre los registrados, la mayoría tenía credenciales caducadas.
En total, “entre las personas no inscriptas y las inscriptas pero no vigentes -y por tanto no habilitadas para detentar legalmente armas de fuego- el total alcanzó más del 90%. De las 128 personas consultadas solo ocho presentaban una situación regular”.
Respecto a las armas, el 48,4% estaba registrada, pero el 34,4% no lo estaba. Además, muchas de las registradas pertenecían a titulares sin habilitación vigente, lo que configura tenencia ilegal.
Estas colaboraciones surgieron en el marco de diversos delitos, como tenencia o portación de armas, robo, hurto, infracciones a la Ley de Estupefacientes, amenazas, coacción, asociación ilícita, contrabando, desobediencia, atentado a la autoridad, lesiones y secuestro extorsivo, entre otros.