La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó al Servicio Murciano de Salud a indemnizar con 20.000 euros a un paciente al que no se le explicó con suficiente claridad a qué se exponía antes de pasar por el quirófano.
El caso giró en torno a una intervención quirúrgica por enfermedad de Peyronie. Tras un tratamiento conservador fallido, el paciente fue sometido a una corporoplastia. Luego vinieron las secuelas —entre ellas, el acortamiento del pene— y un reclamo judicial por más de 67.000 euros.
El Tribunal español fue claro en un punto: no hubo mala praxis médica. La cirugía estaba indicada, se realizó conforme a la lex artis y los resultados adversos denunciados forman parte de los riesgos conocidos de la técnica, según se desprende de la causa.
El problema apareció antes de entrar al quirófano, ya que el paciente firmó un consentimiento informado, pero el documento fue simplemente un trámite burocrático. Para los jueces, la información suministrada fue “genérica y vacía de contenido” y no permitió al paciente tomar una decisión verdaderamente libre y consciente.
En este caso, la intervención no era imprescindible, no garantizaba la solución del problema y presentaba efectos adversos frecuentes que no fueron debidamente explicados. Por eso, concluyó el Tribunal que un consentimiento genérico no alcanza para cubrir esos extremos, y recordó que la falta de información adecuada genera un daño moral indemnizable, incluso cuando no existe negligencia en el acto médico.
En particular, el Tribunal destacó que no se le advirtió de forma clara que “la intervención quirúrgica no era imprescindible para la salud del paciente, no había garantía de que la misma fuera a solucionar los problemas que sufría, y además existía efectos negativos o complicaciones muy frecuentes”.
En este caso, la intervención no era imprescindible, no garantizaba la solución del problema y presentaba efectos adversos frecuentes que no fueron debidamente explicados. Por eso, concluyó el Tribunal que un consentimiento genérico no alcanza para cubrir esos extremos, y recordó que la falta de información adecuada genera un daño moral indemnizable, incluso cuando no existe negligencia en el acto médico.
“Lo que no consta al detalle, es cual fue la información facilitada, ni con que detalle se le explicaron las alternativas terapéuticas existentes, por que se optaba por una técnica quirúrgica frente a otras posibles, probabilidades de éxito de la cirugía, que en muchos casos se ha demostrado poco beneficiosa, consecuencias frecuentes de la misma, como es el acortamiento del pene, que no se elimine totalmente la curvatura y que persistan los problemas de erección y dolor de la misma”, añadió la sentencia.
Y concluyó: “Atendiendo a las consideraciones médicas del Informe de la Inspección médica se deduce, que no existe una sola técnica quirúrgica, que además existe un elevado porcentaje de supuestos en los que la misma no tiene éxito y persisten los problemas, y que en todos los casos, precisamente por la técnica utilizada se producirá un acortamiento del pene”.