Tucumán aprobó recientemente un régimen ético, jurídico y técnico para el desarrollo, adopción, regulación y uso responsable de la Inteligencia Artificial en los tres poderes del Estado.
La medida regirá para todos los organismos descentralizados, empresas estatales y gobiernos municipales y comunales en el marco de la autonomía constitucional.
En el Poder Judicial, la IA “podrá utilizarse para mejorar la gestión judicial y el acceso a la justicia, bajo control humano garantizado, imparcialidad, motivación de decisiones y protección de datos personales”.
“La presente ley tiene por objeto establecer el régimen ético, jurídico y técnico para el desarrollo, adopción, regulación y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito del Estado Provincial de Tucumán, promoviendo la innovación pública, la transparencia, la equidad, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional y democrático”, se lee en la medida.
La iniciativa detalló que los principios rectores de la iniciativa son el respeto por los derechos humanos, transparencia, control humano efectivo, rendición de cuentas, equidad, sostenibilidad, soberanía tecnológica, protección de datos personales y justicia algorítmica.
“Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría o Dirección Provincial de Innovación y Ética Digital, que dependerá del Poder Ejecutivo y tendrá competencia para supervisar, auditar y coordinar la implementación del régimen en toda la administración pública provincial”, se especificó.
La nueva ley sostiene que “toda política o servicio público basado en IA debe contar con evaluación de impacto ético, social y ambiental antes de su implementación. Se deben publicar algoritmos, criterios de decisión y mecanismos de supervisión”.
"La Legislatura podrá emplear IA en sus procesos deliberativos, informativos y administrativos, preservando la autonomía humana de los legisladores y la integridad del proceso democrático".
En el Poder Judicial, la IA “podrá utilizarse para mejorar la gestión judicial y el acceso a la justicia, bajo control humano garantizado, imparcialidad, motivación de decisiones y protección de datos personales”.
En cuanto a la responsabilidad de datos, la medida sostiene que los organismos públicos son responsables de daños o perjuicios derivados de decisiones automatizadas. Se debe garantizar revisión humana de las decisiones automatizadas.
Toda entidad pública que implemente IA debe publicar objetivos, fuentes de datos, criterios de decisión y mecanismos de auditoría. Además, crea el Registro Público Provincial de Sistemas de Inteligencia Artificial.
En lo que respecta a la ciberseguridad, los sistemas de IA deben cumplir con estándares internacionales de seguridad de la información (ISO/IEC 27001 y NIST AI RMF), asegurando integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
El Poder Ejecutivo, por su parte, implementará un programa permanente de formación en ética digital e inteligencia artificial dirigido a funcionarios, empleados públicos y autoridades locales (Artículo 16º). La ciudadanía tendrá acceso a información sobre proyectos de IA y a presentar observaciones ante el Consejo Provincial, promoviendo transparencia y vigilancia democrática (Artículo 17º).
La ley se revisará cada 3 años para adecuarse a avances tecnológicos y normativos.