Se presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca poner fin a las ferias judiciales de verano e invierno.
La idea central es asegurar que el Poder Judicial opere de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año, evitando pausas que afecten el avance de los procesos.
La iniciativa busca reformar el artículo 18 de la Ley Provincial número 5190, eliminando cualquier suspensión de los plazos procesales y promoviendo un servicio constante mediante una organización interna adecuada. Según se detalla en el documento, esta medida pretende combatir las demoras recurrentes causadas por la acumulación de causas pendientes.
Sobre las vacaciones de los empleados judiciales, la iniciativa sugiere implementar un sistema actualizado de licencias regulares y excepcionales, distribuidas de manera escalonada para garantizar tanto el descanso como la operatividad continua.
Entre los argumentos, el proyecto aseguró que las ferias judiciales se originan en limitaciones pasadas, como restricciones materiales y logísticas, que ya no son relevantes en la actualidad gracias a avances tecnológicos.
“Herramientas como el expediente digital, las notificaciones electrónicas y las audiencias por videoconferencia permiten mantener la actividad sin interrupciones”, sostiene el documento.
El proyecto enfatizó también que esta interrupción anual impacta negativamente en el derecho al acceso a la justicia, protegido por la Constitución, al generar retrasos sistemáticos que acumulan expedientes y proyectan una percepción de ineficacia en el sistema.
Sobre las vacaciones de los empleados judiciales, la iniciativa sugiere implementar un sistema actualizado de licencias regulares y excepcionales, distribuidas de manera escalonada para garantizar tanto el descanso como la operatividad continua.
La implementación quedaría en manos del Superior Tribunal de Justicia, responsable de organizar turnos, suplencias y rotaciones para mantener equipos activos en todo momento.
Por último, el texto cita experiencias exitosas en otras provincias, como San Luis, donde se adoptó un modelo de funcionamiento judicial sin interrupciones, demostrando que es factible con una gestión eficiente de recursos y permisos.