La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que se restablezca la vigencia del artículo 16 de la Ley 24.018 que permitía, en casos de vacancia o licencia prolongada, que los jueces jubilados pudieran ser convocados para ejercer.
En la nota, firmada por el consejo directivo de la institución, se destacó que la supresión de esta herramienta en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, dejó al sistema judicial sin una opción rápida para enfrentar las ausencias temporales o permanentes.
Los exfuncionarios insisten en que se los vuelta a autorizar como “subrogantes legales”, ya que “los magistrados en retiro, al carecer de expectativas de ascenso y de la necesidad de hacer lobby en el gobierno para ser designados jueces titulares, garantizar el ejercicio independiente e imparcial de la magistratura, sin afectar el gasto público ni el equilibrio fiscal”.
Para los magistrados jubilados, la ausencia de este régimen contribuyó a una "violencia institucional" contra la Justicia, privándola de un recurso eficiente y económico para cubrir puestos.
Insisten en que su regreso mejoraría notablemente la entrega del servicio judicial, que actualmente enfrenta una parálisis debido a la elevada cantidad de vacantes, demoras irracionales en las designaciones, acumulaciones de expedientes y dependencias de subrogantes o secretarios interinos.
Esta situación, profundizaron los firmantes, “podría comprometer la independencia e imparcialidad de la magistratura, en línea con principios como los establecidos en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el 10 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
El documento adjuntó estadística que muestran que existen 337 vacantes en la Justicia nacional y federal. De ellas, 153 se encuentran estancadas en el Consejo de la Magistratura, mientras que 184 aguardan resoluciones del Poder Ejecutivo y el Senado.
En el ámbito nacional, se reportan 177 cargos sin cubrir: 66 en trámite en el Consejo y 111 pendientes de nombramiento ejecutivo. También se incluyen 34 en el fuero laboral, 51 en civil, 19 en comercial, 6 en Casación Criminal y Correccional, y 67 en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (con 54 a cargo del Ejecutivo y Senado).
En la Ciudad de Buenos Aires, el fuero federal acumula 49 vacantes: 28 en el Consejo y 21 en el Ejecutivo. Entre estas figuran 3 en la Cámara Federal de Casación, 7 en tribunales orales federales, 6 en la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, 5 en Contencioso Administrativo Federal, 9 en Civil y Comercial Federal, 9 en Seguridad Social y 10 en Penal Económico.
En el interior, hay 111 vacantes federales: 59 demoradas en el Consejo y 52 en el Ejecutivo/Senado. Las zonas más impactadas incluyen 23 en Rosario, 14 en La Plata, 7 en General Roca, 7 en Mendoza, 8 en Córdoba, 8 en Salta, 7 en Resistencia, 7 en Tucumán, 5 en Comodoro Rivadavia, 3 en Mar del Plata, 3 en Corrientes y 2 en Bahía Blanca, entre otras localidades.
Los exfuncionarios insisten en que se los vuelta a autorizar como “subrogantes legales”, ya que “los magistrados en retiro, al carecer de expectativas de ascenso y de la necesidad de hacer lobby en el gobierno para ser designados jueces titulares, garantizar el ejercicio independiente e imparcial de la magistratura, sin afectar el gasto público ni el equilibrio fiscal”.
“Los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas", sostenía la ley.