El inicio del expediente se dio cuando personal del Hospital Pediátrico “Dr. Fernando Barreyro” de Posadas atendió a un niño de cuatro años con temblores y signos de intoxicación. Según el informe policial, su madre declaró que había cepillado los dientes del niño con “una sustancia blanca” que creyó aliviaría el dolor, pero los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína.
Ante la gravedad del hecho, la jueza de instrucción ordenó la detención de la mujer y dispuso la custodia provisoria del menor a su abuela materna. La causa fue luego remitida al fuero federal, donde se la imputó por el delito de suministro y/o aplicación de estupefacientes a terceros de forma gratuita, agravado por tratarse de un menor de edad (arts. 5 inc. e y 11 inc. a de la Ley 23.737).
La imputada, “Voluntariamente manifestó al médico de guardia, que atendió a su hijo ante la emergencia, que le había suministrado un “polvo blanco” que le habían dado en la calle, mientras estaba a su cuidado para calmarle el dolor de dientes, y posteriormente habiendo sido entrevistada por los agentes policiales optó por retirarse del Hospital junto al menor, previo al resultado del informe toxicológico.”
El Tribunal Oral Federal de Posadas, a cargo del juez Manuel Alberto Jesús Moreira, tuvo por acreditado que la imputada suministró clorhidrato de cocaína a su hijo de cuatro años, lo cual fue corroborado por el resultado positivo de laboratorio y por las declaraciones del personal médico que la atendió.
La imputada, “Voluntariamente manifestó al médico de guardia, que atendió a su hijo ante la emergencia, que le había suministrado un “polvo blanco” que le habían dado en la calle, mientras estaba a su cuidado para calmarle el dolor de dientes, y posteriormente habiendo sido entrevistada por los agentes policiales optó por retirarse del Hospital junto al menor, previo al resultado del informe toxicológico.”, se expresó en el fallo.
“El agravante en este caso se encuentra fundamentado en la edad del menor receptor, ya que la jurisprudencia en este sentido tiene dicho que “Los menores carecen de un desarrollo de sus facultades que le permita asumir plenamente el riesgo que implica el consumo de estupefacientes”
La conducta fue calificada como suministro gratuito de estupefacientes en perjuicio de un menor, previsto y penado por el art. 5 inc. e) de la Ley 23.737, en calidad de autora (art. 45 del Código Penal).
“El agravante en este caso se encuentra fundamentado en la edad del menor receptor, ya que la jurisprudencia en este sentido tiene dicho que “Los menores carecen de un desarrollo de sus facultades que le permita asumir plenamente el riesgo que implica el consumo de estupefacientes”, entendió el juez con respecto a la pena.
El magistrado impuso a la madre una pena única de siete años de prisión y una multa de $135.000, unificando la condena con una previa de seis años dictada por el Tribunal Oral Federal de San Martín en una causa por tráfico de drogas.
No obstante, el juez consideró la situación de vulnerabilidad de sus dos hijos menores, de 10 y 11 años, y dispuso que la condena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria, controlada mediante dispositivo electrónico de vigilancia.