La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia que rechazó una medida autosatisfactiva presentada por un magistrado que denunció haber sido víctima de una campaña difamatoria en redes sociales y en dependencias judiciales.
El juez había promovido una acción contra la Asociación de Judiciales del Poder Judicial de la Nación, su secretario adjunto y otros eventuales responsables, solicitando que se ordenara el cese inmediato de toda difusión del supuesto “contenido injurioso, calumnioso y agraviante contra su persona en cualquier soporte, incluyendo redes sociales, panfletos, medios digitales, carteles y/o cualquier otra modalidad de comunicación”.
También reclamó la "eliminación y/o remoción de todo contenido difamatorio actualmente publicado en cualquier plataforma digital o física", y que "se prohíba la futura publicación de cualquier contenido de similares características, a los fines de evitar la reiteración de daños a su honor, reputación y función judicial y se ordene la notificación de la presente medida a las plataformas digitales correspondientes (Instagram, Facebook, Twitter, entre otras) para garantizar la efectiva eliminación del contenido.
Sin embargo, los jueces Gabriel Gerardo Rolleri, Maximiliano Luis Caia y Juan Manuel Converset entendieron que “las manifestaciones vertidas en los panfletos resultarían acusaciones severas", pero que "no pueden prohibirse ese tipo de difusión, máxime en circunstancias de público conocimiento, tales como la exposición de los funcionarios públicos y los magistrados, sujeta al escrutinio público”.
En su presentación, el magistrado había argumentado que las publicaciones dañaban su honor, reputación y ejercicio independiente de la magistratura, e incluso podían configurar delitos de calumnias e injurias. Sostuvo, en este sentido, que parte de los afiches se colocaron en diversas áreas del uso común del inmueble, incluyendo la planta baja, ascensores y la cartelera interna, donde se encuentra su despacho. Estos fueron replicados en las redes sociales, según detalló.
Sin embargo, los jueces Gabriel Gerardo Rolleri, Maximiliano Luis Caia y Juan Manuel Converset entendieron que “las manifestaciones vertidas en los panfletos resultarían acusaciones severas", pero que "no pueden prohibirse ese tipo de difusión, máxime en circunstancias de público conocimiento, tales como la exposición de los funcionarios públicos y los magistrados, sujeta al escrutinio público”.
“Sin perjuicio de la forma como se decide el conflicto, y más allá que la medida requerida no puede prosperar debido a que no resulta factible cercenar la libertad de expresión -en el caso ejercido además por una asociación gremial con amparo en la Constitución Nacional-, cabe remarcar que, eventualmente, la situación descripta podría acarrear responsabilidad subsiguiente, para aquellos que incurran en un ejercicio abusivo del referido derecho constitucional que hoy se impone”, añadió el Tribunal.