Por mayoría, el Senado de la provincia de Entre Ríos sancionó la modificación de la Ley 10.746 de Juicio por Jurados. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General.
La reforma alcanza los artículos 2, 46 y 96 de la norma, estableciendo que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte (20) años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos.
En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes.
El texto había recibido fuertes críticas por parte del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDP), la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Filial Entre Ríos; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), al entender que busca “reducir el alcance de la participación ciudadana en la justicia penal y devolver el control absoluto de los casos más graves a un puñado de jueces técnicos”.
El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa. “Hay un principio de realidad que se enmarca en la provincia de Entre Ríos, donde hay muchos vecinos esperando el acceso a la justicia”, afirmó el legislador provincial.
Sostuvo, asimismo, que la reforma impulsada por el Ejecutivo no vulnera garantías constitucionales ni convencionales y que se trata de una facultad provincial: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”.
El texto había recibido fuertes críticas por parte del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDP), la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Filial Entre Ríos; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), al entender que busca “reducir el alcance de la participación ciudadana en la justicia penal y devolver el control absoluto de los casos más graves a un puñado de jueces técnicos”.
Se añadió que “el argumento del ‘colapso” judicial’ o ‘del barril de pólvora’ es falaz: los datos oficiales muestran que el juicio por jurados representa apenas el 0,3 % del presupuesto del Poder Judicial y que en todo el territorio provincial se realiza, en promedio, menos de un juicio por semana hábil. La mora no es causada por el juicio por jurados, sino por un boicot deliberado a la realización de juicios, impulsado principalmente por una política institucional del propio Ministerio Público”.
En un comunicado indicaron que “no hay razones para que no se realicen más juicios que los que actualmente se llevan a cabo. Existen incluso propuestas para abaratar costos y garantizar más juicios con el mismo presupuesto”.