En el lento y accidentado camino hacia la plena implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), el sistema acusatorio parece haber quedado atrapado en un triángulo desamoroso. Por un lado, el Ministerio de Justicia, que oficia de promotor del cambio. Por otro, el Poder Judicial, con su estructura intacta. Y, en el centro de la escena, el Ministerio Público Fiscal (MPF), llamado a protagonizar la reforma, pero sin los recursos necesarios para cumplir con su papel.
El Procurador General, Eduardo Casal, lo expresó con claridad en una reciente nota enviada al ministro Mariano Cúneo Libarona: el sistema está en marcha, pero el MPF no tiene con qué hacerlo funcionar. El diagnóstico es preciso, casi quirúrgico, y expone las contradicciones que atraviesan esta transición.
Corte Suprema: cuerpos técnicos de élite
La Corte Suprema y el Poder Judicial de la Nación cuentan con una estructura robusta de cuerpos periciales y técnicos:
Este aparato técnico-científico, nucleado en el Centro de Asistencia Judicial Federal, ha sido clave en la tramitación de causas complejas durante años. Sin embargo, bajo el nuevo esquema acusatorio, esas funciones pasan progresivamente al MPF. Y allí aparece el desbalance: el Ministerio Público apenas cuenta con una planta limitada de especialistas en la Dirección General de Apoyo Tecnológico (DATIP), que deben cubrir todo el país.
Si bien la Procuración quiere que se traspasen todos los organismos que asisten a la instrucción de causas penales, para esta primera etapa por lo menos se necesita el trapaso los cuerpos periciales esenciales para los fiscales del “polo Retiro” (Federales y Penal Económico): los peritos contadores y la Dajudeco.
Ministerio Público Fiscal: el más comprometido, el menos equipado
El MPF no solo asume ahora la investigación exclusiva de los delitos, sino que debe hacerlo en un marco adversarial, con mayor oralidad, velocidad y exposición pública. La infraestructura actual —tanto edilicia como tecnológica— es insuficiente. Casal advirtió que las fiscalías federales de CABA apenas ocupan 3.681 m², cuando se requieren 11.380 m² para operar con normalidad. La precariedad se extiende a la conectividad, al equipamiento informático y a la carencia de laboratorios propios.
El Procurador señala también la desigualdad de personal: mientras el Poder Judicial tiene 71 jueces y más de 1500 funcionarios, el MPF dispone de 40 fiscales y menos de 600 agentes. Una asimetría que no puede sostener un sistema que asigna al fiscal el liderazgo del proceso penal.
El Ministerio de Justicia: promotor sin chequera
Desde el Ministerio de Justicia se impulsó el cronograma de entrada en vigencia del CPPF. Pero, a juicio del Procurador, esa responsabilidad no puede agotarse en fijar fechas o realizar actos simbólicos. La implementación requiere recursos, cronogramas realistas y coordinación interinstitucional, algo que —según el MPF— ha sido más protocolar que efectivo.
Casal remarca que los pedidos de refuerzo presupuestario no fueron para que el Ministerio de Justicia pague directamente los gastos, sino para que interceda ante Economía y la Jefatura de Gabinete. Hasta ahora, sin resultados.
¿Quién ama al acusatorio?
El triángulo se vuelve desamoroso cuando las partes no asumen de forma coordinada los costos y exigencias del cambio. La Corte protege sus cuerpos técnicos. El Ministerio impulsa reformas sin garantizar fondos. El MPF, llamado a encabezar la transformación, está al borde de la orfandad operativa.
Mientras tanto, la Cámara de Casación federal, quien ejerce la Superintendencia de todo el nuevo sistema, actualiza su radar a diario para tratar de dar respuestas a las inquietudes del cómo, cuándo y donde de cada detalle de la implementación
En este contexto, el riesgo es claro: un sistema acusatorio que naufrague antes de zarpar, o que funcione de manera meramente formal, sin capacidad real para investigar delitos complejos como la corrupción o el narcotráfico.
La transición al CPPF no puede apoyarse en discursos de modernización si no se acompaña con una redistribución de recursos, atribuciones y responsabilidades. El sistema penal, como todo triángulo, solo puede sostenerse si sus vértices están equilibrados. De lo contrario, no es amor. Es geometría institucional fallida.