La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 15/2025, mediante la cual aprueba el Reglamento de Subastas Electrónicas Judiciales, que será de aplicación obligatoria para todos los Tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de octubre del mismo año.
La decisión se inscribe en el proceso de fortalecimiento institucional y digitalización del Poder Judicial de la Nación, y formaliza un sistema que ya había sido desarrollado en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional suscripto en 2010.
¿Qué cambia con esta regulación?
La acordada, suscripta por los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dispone la puesta en marcha del “Portal de Subastas Electrónicas Judiciales”, un sistema que centraliza la gestión digital de los remates y habilita la participación de postores registrados desde cualquier lugar del país. Algunas características principales:
Las subastas se realizarán de forma virtual, con acceso público y transmisión en tiempo real. Además, las ofertas serán anónimas y canalizadas mediante códigos únicos generados para cada postor.
Otro de los puntos clave del reglamento es que el sistema permitirá ofertas automáticas preprogramadas, y extensión del tiempo de puja ante cada oferta realizada en los últimos tres minutos del cierre.
La inscripción se gestionará mediante un Registro General de Subastas Electrónicas Judiciales, con validación digital y presencial según jurisdicción.
Aunque el reglamento tiene carácter obligatorio para Tribunales nacionales y federales con sede en CABA, su aplicación a los juzgados federales del interior del país se encuentra diferida, y requerirá la intervención de la Suprema Corte bonaerense, en el marco del convenio de cooperación vigente.
El sistema apunta a transparentar el proceso, garantizar igualdad de condiciones entre los postores y evitar restricciones vinculadas a la presencialidad, a la vez que reduce los costos administrativos y tiempos asociados a la ejecución de bienes.
Según los considerandos de la Acordada, el nuevo esquema favorece la agilidad, asegura el anonimato de las ofertas, amplía el universo de participantes y otorga visibilidad pública en tiempo real, lo que mejora el control ciudadano sobre los procedimientos judiciales.
Aunque el reglamento tiene carácter obligatorio para Tribunales nacionales y federales con sede en CABA, su aplicación a los juzgados federales del interior del país se encuentra diferida, y requerirá la intervención de la Suprema Corte bonaerense, en el marco del convenio de cooperación vigente.
La dirección técnica y operativa del sistema estará a cargo de la Oficina de Subastas Judiciales, dependiente del Centro de Asistencia Judicial Federal, junto con la Dirección de Sistemas de la Corte, estas áreas deberán garantizar el funcionamiento permanente del portal y gestionar el soporte ante cualquier contingencia tecnológica.
El nuevo reglamento contempla la validación previa de postores, con empadronamiento anual y controles documentales. También regula La publicación de los bienes con mínimo 10 días hábiles de anticipación; La definición de tramos de pujas, valores base y ofertas sucesivas, la confección de actas electrónicas por parte del martillero y l a generación automática de constancias de adjudicación y notificaciones simultáneas a todos los participantes.
Además, prevé mecanismos de suspensión o anulación del acto de subasta en caso de fuerza mayor, y protocolos para la devolución de depósitos a los postores no adjudicatarios. El esquema asegura anonimato, trazabilidad, participación amplia y control ciudadano en tiempo real.