La vacante que dejó María Alejandra D'Agnillo, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 de la Capital, reabrió en el Consejo de la Magistratura de la Nación el debate sobre el traspaso.
La discusión se dio en la última reunión de la Comisión de Selección, presidida por María Fernanda Vázquez, dado que el órgano se encuentra en una encrucijada: mientras avanzan con los concursos para los fueros nacionales, en simultáneo, la Ciudad de Buenos Aires ya realizó el primer concurso público para los cargos vacantes de la Justicia del Trabajo en la órbita porteña.
De este modo, existen varios concursos al mismo tiempo y sobre la misma materia. "Vamos a suponer que terminamos el concurso, elevamos las ternas y nos dicen que hay un convenio o el Congreso dicta una ley. Pasa todo a foja cero. Esto me preocupa", dijo el consejero- abogado César Grau, quien expresó su preocupación por la tramitación de concursos paralelos y los eventuales derechos adquiridos de los concursantes.
En abril último, el Gobierno Nacional creó una comisión a cargo del estudio y análisis de la transferencia de la justicia nacional ordinaria a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema de los concursos es parte de la agenda de la comisión y el Consejo de la Magistratura participará de las reuniones en las próximas semanas.
El estamento de los jueces -con la representación en la Comisión de los consejeros Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones- se mostró unido. Vale recordar que la propia Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó judicialmente que se dicte una medida de no innovar para impedir que la Ciudad avance con la cobertura de cargos en el fuero laboral, y el juez federal Santiago Carrillo suspendió preventivamente los efectos de la Ley 6789 en cuanto habilita la implementación del flamante fuero porteño.
Los consejeros no llegaron a una postura unánime, aunque ganó la propuesta de acumular la vacante de D'Agnillo en el concurso anticipado 507, destinado a cubrir más de media docena de cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital.
En su voto, Lugones destacó que la “Justicia Nacional del Trabajo —como otros fueros nacionales— responde a una construcción histórica, jurídica y federal que no puede desconocerse ni desmantelarse con decisiones administrativas o acuerdos incompletos. De hecho, muchos de los conflictos que allí se abordan tienen componentes federales claros, cuya tramitación exige un sistema con garantías uniformes, con jueces cuya estabilidad no pueda ser afectada por una simple mayoría del Consejo de la Magistratura de la Ciudad”.
El consejero-juez sostuvo que la sentencia “Levinas" de la Corte Suprema ha generado un "nuevo problema: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se erige como alzada sobre sentencias nacionales sin que exista una ley ni un código procesal que establezca cómo debe intervenir", y que “este tipo de soluciones intermedias solo profundizan la inseguridad jurídica y la fragmentación institucional”.
“Desde nuestra perspectiva, no resulta admisible el traspaso de jueces nacionales a la órbita de la Ciudad, en tanto ello implicaría vulnerar garantías constitucionales fundamentales. Un magistrado designado mediante el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación, no puede quedar sujeto a una eventual suspensión en sus funciones por decisión de una simple mayoría del Consejo de la Magistratura local. Esta posibilidad habilitaría, en los hechos, el apartamiento de un juez de una causa determinada, más allá del resultado final del proceso de remoción, logrando así el objetivo de impedir su intervención en un caso concreto. Este solo aspecto resulta suficiente para rechazar el traspaso, en tanto no se garantice un régimen de designación, estabilidad y remoción que asegure un nivel de protección institucional equivalente al previsto por la carta magna”, concluyó.
Los consejeros no llegaron a una postura unánime, aunque ganó la propuesta de acumular la vacante de D'Agnillo en el concurso anticipado 507, destinado a cubrir más de media docena de cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital.