La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó este miércoles a debatir una serie de proyectos que plantean una ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al comienzo de la reunión, desde La Libertad Avanza tomó la palabra Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y pidió “escuchar todas las voces” y traer expertos.
En la misma línea, Alejandra Vigo recordó que es “un tema que es sumamente importante” y adelantó que se tomarán todo el tiempo necesario para analizar los ocho proyectos en carpeta. “Vamos a debatir todo el tiempo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”, puntualizó.
Los proyectos a analizar son los presentados por Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN).
Juan Carlos Romero, uno de los impulsores del proyecto que empuja el gobierno, lamentó que “tengamos sin cubrir hace más de una década el procurador general” y “cientos de cargos que están pendientes”. “Necesitamos que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la Justicia”, expresó y admitió que “el hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”.
El legislador remarcó el “riesgo de vivir con conjueces tomando decisiones”, lo que hace que aumente “la dilación de la resolución” y “lo más grave” es que “al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”.
“Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, argumentó Romero.
El senador advirtió que “de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”.
Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, coincidió con Romero en que “esta es una discusión del sector político”. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90% no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”, dijo.
Los proyectos a analizar son los presentados por Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN).
Por su parte, el gobierno impulsa el proyecto de Romero que consta de un solo artículo y busca sustituir el artículo 21 del decreto-ley 1285/58 y sus modificaciones, estableciendo que la Corte esté compuesta por siete jueces “de los cuales no más de cinco de sus integrantes serán del mismo sexo”.
La ampliación tiene como objetivo principal “dotar de mayor legitimidad” a la Corte y acelerar los tiempos en la resolución de causas. En sus fundamentos, se remarcó que, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2024, aún persisten muchos expedientes pendientes de resolución. “Continúa siendo un embudo de causas que aún esperan sentencia”.
Por otra parte, resalta la incorporación de un criterio de paridad, al sostener que no más de cinco integrantes del tribunal sean del mismo sexo.
Al respecto, se explicó que dicha directiva va en línea con el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a cargos públicos, a través de acciones positivas.