El Colegio de Abogados de Santa Fe envió una nota a la Suprema Corte y a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la provincia por la situación del fuero de Familia, “al borde del colapso”.
Firmada por su presidente, Andrés Abramovich, el documento sostiene que “las demoras en los procedimientos, la falta de organización interna, los serios inconvenientes edilicios ocasionados en las mesas de entradas que dificultan la atención no solo a los profesionales sino al publico en general, imposibilitan brindar un servicio de justicia eficiente”.
La Corte detalló que, al 1° de febrero de 2025 se contabilizarán al menos 81 vacantes de magistrados, que a hoy ya son 98 sobre 377 jueces en toda la provincia es decir un 26% del total, lo que representa un serio condicionamiento para el normal funcionamiento del Poder Judicial.
“Advertimos el posible colapso de los Juzgados Unipersonales de Familia de Santa Fe, provocados no sólo por la falta de designación de Jueces en los Juzgados Vacantes –circunstancia que también fue reclamada al Poder Ejecutivo de la Provincia- sino que, además, agrava a un más la situación la falta de personal, solicitud que sólo puede ser cubierta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”, remarcaron los abogados.
El Colegio recordó que “esta situacion ya fue advertida por esta Institución en notas elevadas con anterioridad, sin haber obtenido respuesta alguna, razón por la cual instamos a dar una inmediata solución”.
Santa Fe enfrenta una grave problemática por la falta de cobertura de vacantes y la situación escaló hasta la Corte Suprema que advirtió sobre las graves consecuencias.
Por su parte, la Corte provincial detalló que, al 1° de febrero de 2025 se contabilizarán al menos 81 vacantes de magistrados, que a hoy ya son 98 sobre 377 jueces en toda la provincia es decir un 26% del total, lo que representa un serio condicionamiento para el normal funcionamiento del Poder Judicial.
El máximo tribunal le pidió al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, que arbitre de manera urgente los procedimientos necesarios para avanzar en la cobertura de las vacantes existentes y aquellas que se generen en el corto plazo.
“De no resolverse, la prestación del servicio de justicia continuará resintiéndose gravemente, afectando derechos y garantías de los ciudadanos”, alertó el Máximo Tribunal provincial.