Mediante el Decreto 304/2025, el Gobierno de Javier Milei transfirió el Registro Nacional de Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Seguridad.
Lo hizo mediante el Boletín Oficial tras sustituir el artículo 2° de la Ley 26.879. De este modo, el Registro ahora quedará en manos de la cartera liderada por Patricia Bullrich y no bajo el mando del Ministerio de Justicia.
La medida -tomada amparándose en la Ley Bases- busca “lograr una gestión pública eficiente y de calidad, resulta necesario que los organismos cuya competencia sea la obtención, el almacenamiento y sistematización, el procesamiento y el cotejo de perfiles genéticos” se encuentren bajo la misma órbita.
El decreto también señala que “las muestras genéticas de la escena del hecho solo pueden ser obtenidas por integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que intervengan en las investigaciones criminales como Auxiliares de la Justicia”.
En este sentido, el texto advierte que la comparación genética de los perfiles de ADN, en rigor, “no es propia de un ‘registro’, ya que dicha tarea implica una operación científica de investigación criminal”.
“Las muestras genéticas deben ser procesadas en laboratorios de genética forense (…) para obtener el perfil genético que será convertido en un 'código de barras'. Un software especializado procederá a comparar todos los 'códigos de barras' de los imputados y condenados con los de las escenas del hecho, después de lo cual informará las eventuales coincidencias, de forma similar -pero mucho más precisa- que el sistema comparativo de huellas dactilares”, añade.
En este sentido, el texto advierte que la comparación genética de los perfiles de ADN, en rigor, “no es propia de un ‘registro’, ya que dicha tarea implica una operación científica de investigación criminal”.
“La denominación de 'Registro' no es la más precisa para definir las funciones de investigación criminal genética forense necesaria para determinar la coincidencia entre diferentes huellas genéticas, pero se la mantuvo por la tradición legislativa iniciada en 2013 con la sanción de la Ley N° 26.879”, concluye el texto, que se encuentra suscripto por el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y Seguridad, Patricia Bullrich.