En la causa : "FERRER DANIELA GLADIS C/ OSCAR ANTONIO ZENON S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (DAÑO MORAL) SUMARIO - ORDINARIO POR AUDIENCIAS", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes convalidó un fallo que ordenó a un empresario a abonar una indemnización millonaria a una ex trabajadora. que fue despedida por estar embarazada y a la que quisieron ejecutar con un pagaré falso.
El caso se inició cuando la mujer, una productora tabacalera, fue despedida con un embarazo de casi 5 meses. Inició un juicio laboral y lo ganó, pero el ex empleador le inició un nuevo juicio.
Los jueces remarcaron que el demandado colocó a la mujer “en la necesidad de promover una acción laboral en su contra, para el cobro de lo que el ejecutante debió abonarle por haberla despedido injustificadamente, cuando transitaba casi cinco meses de embarazo, y tras tres años de litigio, aquella no pudiera disponer de parte de los fondos correspondientes a esa indemnización”.
Para el nuevo proceso, el empresario utilizó un pagaré con la firma falsificada de la trabajadora y logró el embargo de la indemnización laboral, además de otros fondos. La mujer no pudo disponer de su dinero durante un año y medio.
Para ratificar la procedencia del reclamo de la mujer, el Tribunal integrado por Augusto Niz, Alejandro Chaín, Guillermo Semhan, Eduardo Panseri y Luis Eduardo Rey Vázquez, ponderó la pericia caligráfica que concluyó que la firma no correspondía a la trabajadora, y los certificados médicos que acreditaban las patologías descriptas por la mujer a raíz del hecho.
Entre otras, la demandante detalló que sufre de trastorno de estrés postraumático, depresión reactiva y ansiedad generalizada a raíz de los hechos ocurridos.
Los jueces remarcaron que el demandado colocó a la mujer “en la necesidad de promover una acción laboral en su contra, para el cobro de lo que el ejecutante debió abonarle por haberla despedido injustificadamente, cuando transitaba casi cinco meses de embarazo, y tras tres años de litigio, aquella no pudiera disponer de parte de los fondos correspondientes a esa indemnización”.
Los magistrados revocaron la sentencia de grado que consideró excesivo el monto al sostener que "resulta inaudito entonces, que habiéndose constatado la magnitud del sufrimiento causado por los hechos (no solo fue sometida a juicio en base a un documento falso, sino que además se dispuso la indisponibilidad de fondos debido a medidas cautelares), así como los trastornos sufridos durante el proceso y la atención médica recibida; se haya decidido reducir la indemnización otorgada bajo el argumento de que la misma sería "excesiva para compensar el daño infringido".
Por esas razones, el fallo ordenó al empresario pagar 2 millones de pesos por daño moral.