El problema de los salarios del poder judicial de la provincia del Chaco es un reclamo que lleva años aquejando a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, tal es así que existen múltiples amparos que tramitan incluso desde el año 2005 y que se fueron acumulando ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.
Tal como informaba Diario Judicia, hubo reclamos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la provincia del Chaco para con el entonces gobernador Jorge Capitanich por el estancamiento de sus salarios frente a la inflación.
Dos años después y ya con otro gobierno en la provincia, la situación no se ha solucionado aún, y es por ello que el Superior Tribunal de Justicia Ad hoc integrado por los jueces Adrián Farias, Juan Martín Bogado y Sergio Cáceres Olivera, había convocado a una audiencia pública, con la presencia de las partes demandantes, los representantes que designen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial, la Procuración General del Poder Judicial y el Fiscal de Estado.
La misma que en principio se haría en marzo, se reprogramó para este 11 de abril, día en que finalmente se llevó adelante, con la finalidad de “evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia y del establecimiento de nuevos mecanismos que aseguren desde ahora en adelante y definitivamente la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios del poder judicial en la provincia”.
En la audiencia se reconoció que, si bien se había dictado la Ley 3424-A para intentar recomponer los salarios, la misma se había declarado insuficiente por una sentencia complementaria. Por lo que se había intimado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que, en un plazo de 90 días, fijen un nuevo mecanismo que cumpla con la media nacional.
Según surge del acta de la audiencia, se planteó que una ley debía fijar el alcance de los destinatarios de la garantía de la intangibilidad, ya que los recursos son limitados y cada vez que se define el concepto nuevos sectores reclaman su inclusión y eso retrasaba el proceso.,
Se planteó que una ley debía fijar el alcance de los destinatarios de la garantía de la intangibilidad, ya que los recursos son limitados y cada vez que se define el concepto nuevos sectores reclaman su inclusión y eso retrasaba el proceso.
Es que atento a la limitación de recursos no resultaba factible “extender el beneficio de intangibilidad a todos los funcionarios y empleados”, aunque otra parte se refirió a que “Ya está aclarado que los conceptos personales, como la intangibilidad, no se enganchan. Van a existir intenciones de lograr el enganche, pero esto es un concepto particular, sólo para los jueces que tienen jurisdicción y el ministerio público”.
La audiencia terminó con un llamado a cuarto intermedio por 30 días para que se pueda concluir y presentar el proyecto de ley que de cumplimiento real a la sentencia con una propuesta que asegure la intangibilidad.
Por su parte, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCh) realizaron una convocatoria donde manifestaron su rechazo al pedido de desenganche que se planteo en la audiencia, respecto de los empleados judiciales y que se respete el mecanismo de la Ley 3424.
Ante este tipo de declaraciones públicas, en la página del poder judicial, el STJ Ad Hoc aclaró que la audiencia “no tuvo como objeto resolver cuestiones salariales, ni arrogarse funciones de los poderes Ejecutivo o Legislativo, sino evaluar el estado de cumplimiento de una decisión judicial firme”, además se buscó “promover un diálogo institucional transparente, responsable y orientado a restaurar el orden constitucional afectado”.
“El salario base de un juez de Cámara ronda los cinco millones de pesos, y …"no alcanza para una vida decorosa"…el enganche salarial no es un capricho, es una lógica de proporcionalidad. Cuando un ciudadano va al juzgado, quien lo recibe, redacta el expediente y lo guía es un trabajador judicial. Sin embargo, los jueces minimizan esa tarea, como si todo se resolviera sólo con sus firmas"”.
Igualmente, en el proceso, los gremios presentaron un recurso de revocatoria contra la resolución que rechazó la intervención voluntaria de los mismos en carácter de terceros interesados en el proceso y manifestaron su oposición a la postura de uno de los actores (Derewicki) sobre “la propuesta de creación de un concepto salarial autónomo (“intangibilidad”), su implementación retroactiva y automática, la fijación obligatoria de porcentajes mínimos en relación con cargos federales y la derogación de normas provinciales vigentes” todo lo cual, entendía, sería contrario al régimen normativo de remuneraciones del personal judicial del Chaco.
De igual manera en un medio local, los representantes del gremio alegaron que “el salario base de un juez de Cámara ronda los cinco millones de pesos, y que aun así se sostiene el discurso de que "no alcanza para una vida decorosa"…el enganche salarial no es un capricho, es una lógica de proporcionalidad. Cuando un ciudadano va al juzgado, quien lo recibe, redacta el expediente y lo guía es un trabajador judicial. Sin embargo, los jueces minimizan esa tarea, como si todo se resolviera sólo con sus firmas"”.