26 de mayo de 2017

Edición 4294. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
29 de mayo de 2017

La nueva Justicia Sub-75

“Schiffrin” llega al Congreso

El fallo de la Corte Suprema sobre el límite de edad de jubilación de los jueces sigue generando repercusiones: el Consejero de la Magistratura y diputado nacional Pablo Tonelli presentaron un proyecto para regular la renovación y cese de cargos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación. Los detalles de la iniciativa.

Congreso - Autor: gelpgim22
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


El fallo “Schiffrin” de la Corte Suprema es, sin duda, antes y un después para los jueces del Poder Judicial al dar marcha atrás con la jurisprudencia del caso "Fayt" de 1999, restableciendo la vigencia de la cláusula constitucional que determina que "los magistrados que alcancen la edad de 75 años deben cesar en el desempeño", salvo que sean “nuevamente designados por el Ejecutivo con el previo acuerdo del Senado”.

La decisión del Máximo Tribunal generó incertidumbre en los pasillos de tribunales frente a la situación de los jueces alcanzados por el fallo y la posible apertura de nuevas vacantes. En este marco, el consejero de la Magistratura y diputado Pablo Tonelli presentó un proyecto de ley para reglamentar y establecer el procedimiento aplicable para la "renovación y cese de cargos" por límite de edad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación.

En sus fundamentos, Tonelli destacó la “necesidad de regular, por ley, la aplicación del artículo 99, inciso 4° de la Constitución” mediante "pautas y procedimientos para que brinden la mayor posibilidad de certeza y transparencia al sistema ideado por la última convención constituyente”.

“Lo que se busca (…) es garantizar lisa y llanamente los derechos y garantías que la Constitución Nacional les ha conferido a los magistrados en cuestión”, sostuvo el legislador nacional por el Pro y añadió: “Es tarea propia e impostergable del Poder Legislativo regular la norma constitucional de forma clara y razonable, en beneficio de la seguridad jurídica que debe imperar en todo lo referido a la actuación y cese de los referenciados magistrados”.

Tres casos, tres procedimientos

El proyecto, presentado hoy en la Cámara de Diputados, contempla tres procedimientos diferentes para la renovación o cese del cargo: uno para los miembros de la Corte Suprema y los demás jueces de los tribunales federales inferiores; otro para el Procurador General y el Defensor General; y un tercero para los demás magistrados del Ministerio Público. 

El primero, destinado a los integrantes del Alto Tribunal y los demás jueces de los tribunales federales inferiores, establece la participación del magistrado alcanzado por la previsión constitucional, el Poder Ejecutivo, el Senado, y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Según la propuesta, el Consejo deberá requerir al juez una manifestación expresa en relación a su voluntad de continuar en el cargo, y será el Ejecutivo quien decide si "instará o no un nuevo nombramiento”. Ante el silencio o negativa del Gobierno nacional, el organismo deberá notificar al magistrado, para luego llamar a concurso la nueva vacante.

Si por el contrario, el Ejecutivo decide promover un nuevo nombramiento, el Consejo deberá realizar el mismo examen psicológico y psicotécnico utilizado en el proceso de selección de jueces. Dicha instancia deberá "cumplirse durante el año previo a que el magistrado cumpla los 75 años", con el objetivo de evaluar “integralmente” el “estado de salud física y mental del magistrado interesado en continuar en funciones”.

El proyecto, además, instaura otro procedimiento para el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, mediante el cual se establece que "un año antes de que cualquiera de ellos cumpla el límite de edad, el Ejecutivo, si resolviera impulsar una nueva designación del magistrado de que se trate, le solicitará una manifestación expresa acerca de su voluntad de continuar, o no, en el cargo una vez alcanzada la edad indicada". Ante la voluntad de continuar en el cargo, la propuesta fija la "realización de un examen psicológico y psicotécnico", mediante una comisión médica designada al efecto. 

Para los demás casos del Ministerio Público, la iniciativa prevé que "un año antes de que se cumpla la edad, el Procurador General o el Defensor General, según corresponda, solicitarán del magistrado de que se trate una manifestación expresa acerca de su voluntad de continuar, o no, en el cargo una vez alcanzada la edad indicada”.

Si el magistrado desea seguir desempeñándose en sus funciones, los titulares de los organismos informarán al Ejecutivo, sino llamarán de inmediato a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la futura vacante. Una vez recibida la respuesta, el Gobierno definirá si prosigue con el procedimiento para efectuar un nuevo nombramiento y, en caso afirmativo, se realizará un examen psicológico y psicotécnico del candidato.

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