23 de Junio de 2017

Edición 4313. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
26 de Junio de 2017

Las denuncias contra los jueces laborales ya tienen instructores

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo sorteó las denuncias impulsadas por el Ministerio de Trabajo contra jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert. Los consejeros Miguel Piedecasas y Luis María Cabral serán los encargados de llevar adelante la instrucción de los expedientes.

Consejo de la Magistratura
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación realizó el sorteo de las denuncias presentadas por el Ministerio de Trabajo contra jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, quienes fallaron a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios.

De este modo, el consejero Miguel Piedecasas tendrá a su cargo la instrucción del expediente 14/17 contra el juez Enrique Arias Gibert, mientras que el consejero-juez Luis María Cabral llevará adelante el expediente 15/17 contra su colega Graciela Marino. A partir de ahora, los instructores deberán definir si acumulan los expedientes, para luego avanzar con la investigación y solicitar el juicio político, o pedir su desestimación.

Ambas denuncias fueron impulsadas por la cartera de Trabajo, al sostener que los jueces incurrieron en “mal desempeño de sus funciones, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución”. También acusó a los vocales de presunto "desconocimiento inexcusable del derecho, violación a la garantía constitucional de división de poderes y al principio de congruencia, arbitrariedad y falta de imparcialidad”.

Según fuentes cercanas al Cuerpo, la denuncia no cayó bien entre los consejeros representantes del estamento de los magistrados, algo fundamental para el Gobierno a la hora de reunir los votos necesarios para la destitución de los vocales.

El pedido de juicio político tampoco fue bien recibido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que salió en defensa de los jueces laborales, asegurando que “cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, la Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”.

En tanto, la Asociación Justicia Legítima se solidarizó con los magistrados y afirmó: “No hace falta ser abogado para entender que, si fuera posible echar a los jueces cuando al poder le molesta lo que resuelven, ya no podríamos tener magistrados independientes, sino obedientes de quienes tienen votos suficientes para echarlos -o al menos someterlos al proceso disciplinario ante el Consejo y tenerlos pendientes, o bajo amenaza, durante todo el tiempo que dure el trámite”.

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