2 de diciembre de 2016

Edición 4183. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
5 de diciembre de 2016

Las idas y vueltas detrás del traspaso

La noticia sobre la inminente firma de un convenio para avanzar con el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad generó preocupación y malestar en los distintos sectores del Poder Judicial. El Gobierno busca acelerar la trasferencia de más de 20 juzgados penales y 31 juzgados laborales.

Corte Suprema Tribunales
Rita Lucca

Por: Rita Lucca


En los últimos días, distintos sectores del Poder Judicial de la Nación manifestaron su preocupación ante la posible firma de cinco convenios para avanzar con el traspaso de tribunales, fiscalías y defensorías nacionales con sede en la Capital Federal a la jurisdicción local.

Aunque desde la cartera de Justicia afirman que aún no hay nada oficial, lo cierto es que el Gobierno nacional se encuentra trabajando en una serie de convenios que, luego de su firma, requerirán la ratificación tanto del Congreso de la Nación como de la Legislatura porteña para su implementación.

El proceso de trasferencia se hará en etapas: en la primera planean incluir el fuero Laboral y Penal. De este modo, se traspasarían los juzgados vacantes, y las causas que se iniciaron antes de la trasferencia quedarían a cargo de los juzgados nacionales ordinarios.

También se avanzaría con la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se suman las voces en contra

Ante la noticia sobre el inminente traspaso, las críticas no tardaron en llegar. Desde la a Unión de Empleados Judiciales alertaron que es “un tema complejo y con muchas aristas”.

“Creemos que el convenio acelera los tiempos y quita participación a los distintos sectores del Poder Judicial“, afirmó el Secretario de Cultura y Capacitación de la UEJN, Pablo Serdán.

En esta línea, advirtió que existen varios temas para ”resolver y compatibilizar” como, por ejemplo, las escalas salariales, la diferencia de la carga horaria, el sistema de ascensos y concursos, entre muchas otras cuestiones.

En el caso particular del fuero laboral, Serdán indicó que el traspaso tiende a “complejizar la tarea y, además, le agrega al trabajador una instancia más de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que en la actualidad no existe”.

En vistas del traspaso, una agrupación interna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional creó un "comité de crisis anti traspaso", integrado por los jueces Claudio Kiper y Sebastián Picasso por el fuero Civil; Roberto Pompa, por la Justicia Laboral; la procuradora general adjunta Adriana García Netto, por el Ministerio Público Fiscal, y Cecilia Mage, por los defensores oficiales.

En diálogo con Diario Judicial, el camarista civil Claudio Kiper manifestó que ”el traspaso es inconstitucional”, y agregó: "Los problemas parecen infinitos y no veo ninguna ventaja. La Ciudad tendría que invertir una fortuna y, además, llevaría años de trabajo".

“Es muy serio para los ciudadanos, ya que hacer el traspaso sería un caos. En la justicia nacional somos cientos de jueces y detrás nuestro hay 500 oficiales notificadores, 300 oficiales de justicia, el Cuerpo Médico Forense, el archivo, la obra social y los edificios”, expuso y se preguntó:” ¿Cómo hará la Ciudad para absorbernos y darnos toda la infraestructura?”.

En el mismo sentido, la Asociación de Magistrados recalcó que el "traspaso que se propone sólo está en la agenda del poder político, ya que no surge de los integrantes del Poder Judicial de la Nación –ni siquiera de una minoría significativa-, no es auspiciada por los profesionales litigantes y mucho menos por la ciudadanía, que es la destinataria del servicio de justicia".

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que "lo necesario para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía es el diseño de una política de modernización de la Justicia nacional, que incluya el refuerzo de dotaciones, la creación de nuevos tribunales y la modificación de algunos procedimientos vetustos en función de las demandas actuales, antes que un simple traspaso de fueros o estrados, que mudarían sus problemas funcionales a una jurisdicción diferente".

De hecho, algunos magistrados aseguran que el traspaso sería "imposible" ejecutar, ya que se “contradice con la instrumentación de la Unificación de los Fueros Criminal y Correccional de la Nación”.

La Legislatura de la Ciudad también se hizo eco de esta preocupación. En tal sentido, la presidenta del bloque de legisladores de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago presentó un pedido de informe para conocer los detalles y alcances del acuerdo.

La legisladora porteña requirió datos acerca de “los fueros, juzgados, fiscalías, dependencias, recursos humanos y bienes que se transferirían”. También pidió información sobre “cuál sería el criterio que se utilizaría en la implementación de las transferencias de las competencias judiciales y cuáles serían los juzgados vacantes y en qué condiciones se realizarían las transferencias de los recursos humanos”.

Qué dice el proyecto de ley

A mediados de año, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley tendiente a realizar la transferencia de la Justicia nacional al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha iniciativa forma parte de los ejes centrales de la reforma que impulsa el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

El texto busca modificar ley 24.588, conocida como "Ley Cafiero", estableciendo que “la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieren a la Ciudad autónoma de Buenos Aires”.

Dicha transferencia incluye a “magistrados, funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional”, y su implementación se realizará de “forma progresiva en un periodo no mayor a siete años para garantizar el efectivo servicio de justicia”.

Entre los puntos centrales, el proyecto garantiza “la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad del que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos”.

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