7 de diciembre de 2016

Edición 4186. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
12 de diciembre de 2016

Santa Fe apura su reforma penal

La gobernación provincial pidió a la Legislatura que sancione una serie de leyes para combatir la inseguridad, entre las que se encuentran la reforma del Código Procesal Penal y una novedosa norma para incautar bienes de bandas criminales.

Oficialmente reformados
Cindy Monzón

Por: Cindy Monzón


El gobierno de la provincia de Santa Fe pidió a la legislatura la sanción de siete leyes destinadas a combatir la inseguridad. Uno de los proyectos pretende la reforma del Código Procesal Penal para otorgarle más facultades a los fiscales, endureciendo la prisión preventiva y limitando los juicios abreviados. También se destaca la ley de decomiso y administración de bienes vinculados al delito.

El Poder Ejecutivo propuso reformar el Código Penal para darle más facultades a los fiscales y obliga a la policía a detener a los imputados en delitos de flagrancia. Además, plantea una rigurosidad para la prisión preventiva y limita los juicios abreviados para los delitos graves. 

En cuanto a la Ley de decomiso y administración de bienes, en caso de conseguir un dictamen favorable, Santa Fe será una de las primeras provincias del país que autorice la detección y cautela temprana de bienes vinculados al delito y adquiridos con sus ingresos, para poder posteriormente decomisarlos, aún sin que exista una condena firme en ciertos casos. La iniciativa crea un registro único de bienes cautelados y decomisados y un organismo específico que los administre, como política de recupero de activos para abordar a bandas organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen.

En el paquete de leyes enviado a la legislatura, aparece también la modificación de la designación subsidiaria de fiscales y defensores generales y regionales. Actualmente los cargos jerárquicos de las Fiscalías y del Servicio Público de la Defensa duran seis años y se busca que los funcionarios con experiencia dentro del Poder Judicial puedan concursar para estos cargos de dirección de ambas instituciones, con la posibilidad de que al finalizar su mandato pasen a ser fiscales o defensores.

El gobierno de Miguel Lifschitz quiere ampliar de esta manera el número de fiscales titulares y adjuntos para las cinco circunscripciones de la provincia. Asimismo, obtener un mecanismo de lista de subrogantes para la gran cantidad de vacantes que existen en esos cargos y los magistrados puedan ser reemplazados a la brevedad.

Por otro lado, se busca la reforma a la ley de personal policial y del Código Contravencional donde la investigación de las faltas quedará a cargo de los fiscales y abordará temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos, etcétera.

 

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