| Un informe del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) aseguró que por lo menos 78 personas murieron en distintas cárceles de la Argentina durante 2009. El documento dio cuenta de que 29 presos fallecieron por “ahorcamiento”, una categoría que si bien es caratulada como “suicidio” por las autoridades carcelarias, para el Cepoc está vinculada con las malas condiciones de detención.
A su vez, desde la asociación señalaron que en algunos casos, “lo que se presenta como un suicidio, al tiempo se descubre que fue un homicidio”. Ese fue el caso de Martín Saldaña, uno de los asaltantes del Banco Nación de Ramallo, que apareció colgado en la comisaría donde estaba alojado, y ocho años después, se concluyó que había sido asesinado.
Otra causa de muerte en las cárceles fue por heridas cortopunzantes (15). Cuatro personas fallecieron a causa de accidentes automovilísticos y el mismo número por intoxicación y quemaduras. Dos internos fallecieron por muerte dudosa, y el mismo número por muerte violenta, por golpes y por disparo de arma de fuego.
El documento “Muertes en lugares de encierro en Argentina. Balance 2009”, detalló que en los últimos doce meses 35 de los fallecidos estaban alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires y 15 en Mendoza.
El resto de las muertes de dieron en Santa Fe (4); en las provincias de Entre Ríos, Río Negro, Salta y Tucumán (3); y en Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires (2).
En las cárceles de las provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Misiones y Neuquén murió 1 persona. Las dependencias con más muertos (7 cada una) fueron las de Almafuerte y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
El informe del Cepoc destacó que si bien el número de muertes registradas en 2009 (78) es similar al de 2008 (77), “existe una disminución del total de casos” con respecto a 2007 (93), 2006 (88) y 2005 (198).
Desde la asociación exhortaron al Congreso a tratar un anteproyecto de ley para implementar el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura, obligación que Argentina se comprometió a cumplir en noviembre de 2004 y hasta al fecha no lo hizo.
Además pidieron “escuchar a los presos” y “generar espacios de participación y de debate”, cumplir con la “prohibición de alojar presos y presas en comisarías” y muy especialmente solicitaron que no haya niños y adolescentes en esas dependencias.
“El registro que realizamos es parcial e incompleto, porque carecemos de información oficial, y en consecuencia, es producto de un trabajo artesanal cuyo objetivo no es el conteo de muertes, sino la propuesta de implementar políticas públicas que las eviten”, señalaron en el informe.
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