A tribunales para tener el diploma

Juliana -nombre ficticio para preservar su identidad- se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) tras cumplir con sus obligaciones académicas. En septiembre pasado inició el proceso para obtener su título a través de la plataforma de trámites a distancia.

Su trámite estuvo “paralizado” durante casi tres meses y el Rectorado sólo realizó el pase del expediente a la Facultad de Derecho, sin realizar ningún otro movimiento. Por este motivo y vencido el plazo legal para la emisión del título, decidió avanzar con un pedido de pronto despacho administrativo, sin obtener respuesta. Esta situación la llevó a interponer una acción de amparo por mora y en esa instancia, la Universidad aceleró el trámite y lo finalizó en pocas semanas.

Este no es un caso aislado. Decenas de graduados decidieron iniciar acciones judiciales para que se emitan sus títulos. Las demoras no sólo ocurren dentro de la Facultad de Derecho, sino que también se extienden a las carreras de Arquitectura, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Ciencias Políticas, Psicología, sólo por mencionar algunas.

El artículo de 40 de la ley nacional de Educación Superior (24.521) es claro en su redacción al establecer que los títulos “deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título”. Sin embargo, el plazo no se cumple y la UBA adeuda títulos en trámite desde 2019, 2018 y hasta 2017.

Graduadas de la carrera de Derecho decidieron unirse y crear el grupo “Quiero mi título ya”, para ayudar y aconsejar a otras personas y, además, visibilizar la situación. Al grupo se fueron sumando también profesionales de otras ramas, y actualmente reciben docenas de consultas de graduados.

En diálogo con Diario Judicial, explicaron que la demora “no responde a las condiciones de pandemia que han limitado la actividad” sino que se trata de una práctica “sistemática” y “sostenida a lo largo de los años”. A la incertidumbre por el retardo se suman denuncias por tratos privilegiados, falta de atención y dificultades administrativas, especialmente vinculadas con la legalización de diplomas de estudios secundarios.

Las causas se acumulan masivamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal, mientras que los nóveles profesionales ven interrumpida la posibilidad insertarse en el mercado laboral, matricularse o ejercer la docencia, como también implica la postergación de estudios de posgrado. 

“Creemos que el acceso masivo a la justicia permitirá mejorar nuestras instituciones para beneficio de todas las personas. Cuantas más personas reclamen que se emita su título universitario dentro de los plazos legales, mayor será el incentivo por parte de la UBA para adecuar su organización interna a lo que establece la ley de Educación Superior”.

Las causas se acumulan masivamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal, mientras que los nóveles profesionales ven interrumpida la posibilidad insertarse en el mercado laboral, matricularse o ejercer la docencia, como también implica la postergación de estudios de posgrado. Para otros significa la imposibilidad de anotarse en una segunda carrera o perder el “plus” por título universitario, con el perjuicio económico que conlleva.

La UBA, por su parte, alega que el plazo de 120 días corridos es "materialmente imposible de cumplir" y que resulta "arbitrario". "La pandemia sacó a la superficie un montón de problemas, pero no es excusa. Ya paso más de un año y la situación sigue así”, afirmaron las graduadas y concluyeron: “Si todos reclamamos que se cumplan nuestros derechos, la institución va a mejorar y va a garantizar los derechos a todas las personas”.