El Consejo de la Magistratura redactó una guía con recomendaciones sobre el "home office" y el derecho a la desconexión de los trabajadores judiciales. El texto será analizado por el pleno este jueves.
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura avanzó en la elaboración de una guía con recomendaciones sobre el trabajo remoto en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
El documento fue impulsado por la diputada y presidenta de la Comisión, Vanesa Siley, quien propuso establecer “principios rectores como recomendación de buenas prácticas” relativos al teletrabajo.
El proyecto surge tras un planteo del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) respecto a la necesidad de regular la novedosa modalidad, el derecho a la desconexión, la provisión de insumos y capacitación. A este reclamo se unió la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
El teletrabajo comenzó de forma excepcional y por la emergencia sanitaria, pero se afianzó con el avance de la pandemia del virus Covid-19. La nueva herramienta laboral tiene por objetivo proteger la salud de los trabajadores y la comunidad en general, como también reducir la circulación y presencia de personal en las dependencias judiciales.
La última acordada de la Corte Suprema de Justicia estableció un protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad, mediante el cual se dispuso que "el horario de trabajo debe respetarse también en el trabajo a distancia, y los empleados tiene derecho a desconexión fuera de ese horario".
En concreto, los supremos resolvieron que el funcionamiento de los tribunales debe realizarse dando prioridad a la protección de la salud de quienes asistan a peticionar, de los empleados, funcionarios y magistrados. "Se debe respetar estrictamente el trabajo a distancia, el horario de trabajo, la presencia mínima de persona en los juzgados, la posibilidad de rotación de personas. Asimismo, se debe facilita la atención al público por medios tecnológicos", advierte la acordada 31/2020.
El derecho a desconectarse del trabajo
La consejera representante del estamento legislativo impulsó la redacción de la guía en base a los reclamos de los gremios judiciales y el pedido de los presidentes de las cámara y tribunales, quienes plantearon la necesidad de una regulación.
Desde los gremios denunciaron diversas situaciones surgidas por el teletrabajo, tales como el envío de mensajes al celular personal o pedidos de tareas fuera del horario laboral. En este sentido, el texto dispone que se deberá “velar por el cumplimiento de la jornada laboral, según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional”.
Se trata de una propuesta complementaria a la acordada del Máximo Tribunal, a los fines de “cumplir y respetar todos los derechos de los trabajadores en igualdad de condiciones de quienes ejerzan de manera presencial”, explicó la diputada nacional, quien sostuvo la necesidad de “clarificar” la metodología laboral frente a la reanudación de la actividad y el reinicio de los plazos procesales.
El texto contempla el derecho a la desconexión digital y hace especial hincapié en las tareas de cuidado, las que recaen principalmente sobre las trabajadoras y se intensificaron por la suspensión de las clases presenciales y el cierre de las guarderías.
Desde los gremios denunciaron diversas situaciones surgidas por el teletrabajo, tales como el envío de mensajes al celular personal o pedidos de tareas fuera del horario laboral. En este sentido, el texto dispone que se deberá “velar por el cumplimiento de la jornada laboral, según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional”.
La propuesta, que será enviada al plenario, contempla la realización de un relevamiento del personal que está realizando "home office" y las condiciones de cada hogar, para determinar la provisión de equipamiento. “Siempre compatibilizando la realidad presupuestaria”, destacó.
Siley concluyó: “El teletrabajo es una realidad que existe, existió durante los primeros días de la pandemia y continuará según lo resuelto por la Corte”.
También participaron de la reunión los consejeros Juan Manuel Culotta, Silvia del Rosario Giacoppo, Alberto Agustín Lugones, Diego Molea y Marina Sánchez Herrero; con la asistencia de la Secretaria de la Comisión Miriam Agúndez.