“Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”, sostuvo la jueza Lilian Herráez en su resolución.
La “megacausa” por los malos tratos está radicada en el juzgado federal de primera instancia de Río Grande, pues las islas Malvinas tienen jurisdicción en la provincia de Tierra del Fuego. Al dictar el fallo, la jueza Lilian Herráez rechazó un pedido de prescripción formulado por la defensa de uno de los imputados así como también rechazó la solicitud de declinar su competencia a favor de un tribunal militar.
“Al ser el derecho penal militar un derecho de excepción, especial, sólo se pretende que la suerte de sus integrantes sea decidida por jueces independientes que no estén sometidos a ningún poder disciplinario, más que a su responsabilidad institucional, tal y como lo regula la Convención Americana sobre los Derechos Humano. Entonces como corolario los tribunales administrativos –entre ellos los militares- son incompetentes para aplicar penas”, argumentó Herráez para justificar su posición.
El expediente ahora tramita ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut) que debe decidir si confirma el fallo de Herráez, y por consiguiente, permite que siga el curso de la investigación, o hace lugar a los pedidos de prescripción de los acusados.
Los militares acusados (muchos de ellos en actividad) afrontan cargos por homicidio, abandono de persona, torturas (estaqueo), lesiones graves y reducción a la servidumbre. Aunque aún no fueron convocados por el juzgado, se estima que durante el segundo semestre del año, Herráez comenzaría a llamarlos a indagatoria.
La causa por vejámenes se inició en Río Grande en abril de 2007 a partir de la presentación del ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Andrés Vassel que patrocinó a una veintena de ex soldados de esa Provincia. Desde aquella oportunidad el expediente fue aumentando con la incorporación de nuevos testimonios.
Más de 100 denuncias llegaron a Río Grande de ex combatientes que actualmente viven en Tierra del Fuego, Chaco, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Capital.
El precedente inmediato del fallo de Herráez se dio en febrero, cundo la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Selemme calificó como delito de lesa humanidad y crimen de guerra el caso del ex soldado Juan Carlos Gómez, quien denunció a dos superiores por haberlo estaqueado en una instalación militar del continente días antes de embarcarse rumbo a Malvinas.
La diferencia entre la sentencia de Parcio de Céleme y la de Herraez es que esta última falló respecto a los hechos que presuntamente se habrían dado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, durante el conflicto bélico.
Por otra parte, este lunes se declaró “lugar histórico nacional” al cementerio de guerra de los caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, emplazado en el cementerio de Darwin, Isla Soledad.
“La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (…) convendrá con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración del lugar histórico nacional que se declara por esta ley”, señaló la disposición, publicada este martes en el Boletín Oficial.