El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) pidió acelerar el traspaso de la Justicia Nacional Penal a la Ciudad de Buenos Aires para lograr “una justicia federal más eficaz”.
El reclamo se da en medio de la implementación del sistema acusatorio en distintos puntos del país, pero aún sin fecha para la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el INECIP explicó que casi la mitad de los magistrados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación están afectados a la Justicia Nacional, “un sistema que, pese a su nombre, se dedica a atender asuntos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El documento remarcó que “el Ministerio Público Fiscal de la Nación debe convertirse en un órgano híper-profesionalizado y especializado en la investigación y persecución de la criminalidad compleja. Difícilmente pueda lograrlo mientras buena parte de su estructura se dedique a perseguir delitos ordinarios de la CABA”.
“En materia penal, esos funcionarios del Estado Federal, financiados por la ciudadanía de todas las provincias, se ocupan de investigar, defender y juzgar delitos “ordinarios” cometidos en esa Ciudad, como homicidios, robos, hurtos o amenazas. Es el único territorio en donde eso sucede”, destacó el organismo.
En ese marco, se agregó que en el resto del país, los jueces, fiscales y defensores de la Nación sólo se ocupan de casos federales, como el narcotráfico o la trata de personas. Los delitos “no federales”, en cambio, están a cargo de funcionarios provinciales.
Para los especialistas, “la demora en el traspaso de las competencias penales a la ciudad no sólo implica una injusticia tributaria para las provincias y una afectación a la Constitución Nacional. Es, además, uno de los principales obstáculos para contar con una Justicia Federal eficaz, en un contexto en donde los fenómenos criminales de competencia federal son cada vez más desafiantes”.
El documento remarcó que “el Ministerio Público Fiscal de la Nación debe convertirse en un órgano híper-profesionalizado y especializado en la investigación y persecución de la criminalidad compleja. Difícilmente pueda lograrlo mientras buena parte de su estructura se dedique a perseguir delitos ordinarios de la CABA”.
“La concentración de los recursos del MPFN en competencias porteñas obstaculiza el diseño y ejecución de políticas de persecución penal con mirada federal, hoy lamentablemente inexistentes. Tener a un Procurador General con un ojo en las dinámicas de los mercados ilícitos interprovinciales o transnacionales de drogas, de armas o de personas, y otro en los pequeños hurtos cometidos en la ciudad, atenta contra la lógica federal de nuestro país”, añadió el INECIP.
“Lo mismo sucede con el Consejo de la Magistratura de la Nación, con decenas de concursos federales demorados por su doble función de seleccionar tanto a jueces federales como a jueces “nacionales” que, en los hechos, cumplirán funciones de jueceslocales en la CABA. El Estado Federal debe ocuparse de los asuntos federales”, concluyó el organismo.