Luego del resonado fallo “Levinas” de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados de Buenos Aires -más conocido como “Colegio de la calle Montevideo”- y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) reclamaron que se tomen medidas frente a su inminente implementación.
La primera institución, liderada por Alberto F. Garay, hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos -tanto nacional como porteño- y los poderes judiciales adopten medidas urgentes para su implementación antes de febrero próximo, como también sugirió que la Corte Suprema establezca un "plazo razonable para que las instituciones adopten mecanismos que faciliten eficazmente la implementación de la doctrina en los tribunales".
El CPACF, presidido por Ricardo Gil Lavedra, también planteó su preocupación sobre la implementación y acatamiento de la sentencia, por lo que pidió la composición urgente de una mesa de trabajo con los actores involucrados.
Estas inquietudes derivaron en una reunión con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por su titular, Inés Weinberg. El encuentro se dio en la Sala de Acuerdos del segundo piso de la sede del Tribunal en Cerrito 760, en el que también se hizo presente la vicepresidenta del cuerpo, Alicia Ruiz, y sus colegas Marcela de Langhe y Santiago Otamendi.
De este modo, las partes acordaron trabajar estrechamente para difundir todos los pasos que deban realizar los letrados frente a una sentencia de una Cámara Nacional de Apelaciones, incluso la preparación de tutoriales y de links que faciliten la tarea de los matriculados. Es que muchos profesionales jamás utilizaron el denominado “Portal del Litigante” de la Ciudad.
Según detallaron, la reunión fue el “inicio de una ronda de diálogos para buscar los mejores caminos con el objetivo de allanar el trabajo de los abogados y abogadas”. De este modo, las partes acordaron trabajar estrechamente para difundir todos los pasos que deban realizar los letrados frente a una sentencia de una Cámara Nacional de Apelaciones, incluso la preparación de tutoriales y de links que faciliten la tarea de los matriculados. Es que muchos profesionales jamás utilizaron el denominado “Portal del Litigante” de la Ciudad.
A ésta última preocupación vinculada a la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE, también se suman otras sobre el uso de reglas procesales en el trámite de los expedientes, posibles demoras en las causas, la falta de presupuesto y de recursos humanos.
Desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se anunció que en los próximos días “se va a informar en detalle y se pondrá a disposición la estructura institucional necesaria para colaborar con la abogacía en esta nueva etapa que se abre desde el mes próximo”.