En la causa “ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTROS c/ EN-CONGRESO DE LA NACION ARGENTINAHONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Y HONORABLE SENADO DE LA NACION (LEY 26061) s/AMPARO LEY 16.986", el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria para tratar el amparo donde se solicita al Congreso que realice el trámite correspondiente para nombrar al nuevo titular de la Defensoría de Menores.
El amparo fue presentado por distintas organizaciones porque el próximo 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora, Marisa Graham, y el cargo quedaría acéfalo. La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia.
El juez Walter Lara Correa consideró que “se evidencia que se encuentran reunidos los presupuestos antes mencionados para la habilitación de la feria judicial, pues de conformidad a las manifestaciones efectuadas por las mencionadas asociaciones y la documental acompañada, se vislumbra la existencia de fundadas razones de urgencia que podría ocasionar perjuicios a los niñas, niños y adolescentes, de tener que esperar la culminación de la feria estival”.
Los demandantes solicitaron que el Senado nombre a los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo y que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, a fin de evitar daños irreparables a los niños.
El juez Walter Lara Correa consideró que “se evidencia que se encuentran reunidos los presupuestos antes mencionados para la habilitación de la feria judicial, pues de conformidad a las manifestaciones efectuadas por las mencionadas asociaciones y la documental acompañada, se vislumbra la existencia de fundadas razones de urgencia que podría ocasionar perjuicios a los niñas, niños y adolescentes, de tener que esperar la culminación de la feria estival”.
El fallo ordenó también al Ministerio Público de la Defensa “a fin de que asuma la representación y se expida sobre la cuestión litigiosa, en los términos de los artículos 35 y 43 de la Ley N° 27.149, toda vez que podría surgir la posible lesión de derechos cuyo sujeto titulares sean niñas, niños y/o adolescentes”.
Las organizaciones demantantes son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Sur Argentina, la Fundación Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Qué dicen los números
El Organismo funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal para garantizar y monitorear que no se vulneren los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las principales funciones de la Defensoría son la interposición de reclamos judiciales y/o administrativos, la supervisión y el sometimiento a auditoría de todo el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recepción de reclamos de NNA, entre otros.
Desde su puesta en funcionamiento en 2020, la Defensoría procesó 2.559 requerimientos de NNA que derivaron en 310 casos y, solamente en el 2024, 463 actuaciones administrativas. Es posible identificar, entre las causas judiciales iniciadas, algunos procesos colectivos que afectan a comunidades enteras de niños y niñas.
Por ejemplo, lleva un reclamo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1,2 millones de adolescentes en situación de pobreza.
La designación de un Defensor se logró recién en 2020, con casi 15 años de demora.