09 de Diciembre de 2024
Edición 7108 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 10/12/2024
Qué dice el Decreto 222/03

Repercusiones supremas

Tras el anuncio de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Masilla para la Corte Suprema, distintas asociaciones del derecho se pronunciaron. Críticas por la falta de candidatas mujeres y procedencia regional. Satisfacción en el ámbito académico.

Palacio de Justicia de la Nación Argentina (Autor: Ted McGrath - Flickr)

El anuncio del gobierno de Javier Milei  de que enviará los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del abogado Manuel García-Mansilla para su designación como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó reacciones en varias entidades que nuclean a profesionales del derecho. Tanto colegios de abogados, como asociaciones profesionales y hasta universidades se pronunciaron al respecto.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal  emitió un comunicado cuestionando la falta de representación de mujeres en el ámbito del Máximo Tribunal, aspecto que tiene raigambre histórica dado que sólo tuvo tres integrantes del género femenino desde su creación: Margarita Argúas desde 1970 hasta 1973, Carmen Argibay desde 2005 hasta 2014 y Elena Highton de Nolasco desde 2004 hasta su renuncia en 2021, cuando dejó la vacante que ahora ocuparía Lijo.

“En la actualidad, se encuentra fuera de toda duda razonable que la mujer, por su sola condición, ha sido invisibilizada y discriminada durante siglos, lo que condujo a que fuera desapoderada de elementales derechos políticos, patrimoniales y sociales”, sostuvo Gil Lavedra y agregó que “para superar esa situación de desigualdad estructural, instrumentos internacionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales y legales, establecen la necesidad de dictar acciones positivas para procurar una igualdad real”.

 

“Los candidatos del Gobierno Nacional para cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema son todos varones y esto desconoce la tendencia universal de avanzar hacia una igualdad real entre el varón y la mujer en el acceso a los cargos públicos”, remarcó.

 

“Nuestra Constitución Nacional en el art. 37 dispone que se dictarán acciones positivas para garantizar la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios. A su vez, el art. 75 inciso 23 ordena al Congreso promover acciones positivas para la igualdad de oportunidades respecto de las mujeres. La Convención Interamericana de Belém do Pará impone al Estado el deber de asegurar el acceso igualitario de las mujeres a las funciones públicas, especialmente aquellas que implican la toma de decisiones”, remarcó el titular del Colegio que nuclea a los abogados porteños, Ricardo Gil Lavedra.

El letrado y ex magistrado del juicio a las juntas recordó que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia en su informe 2022, dio cuenta que del total del personal de la Justicia las mujeres llegaban al 57%, pero sólo el 30% alcanzaban jerarquías superiores.

“Los candidatos del Gobierno Nacional para cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema son todos varones y esto desconoce la tendencia universal de avanzar hacia una igualdad real entre el varón y la mujer en el acceso a los cargos públicos”, remarcó.

El foco de las críticas en este aspecto es el incumplimiento del artículo 3 del Decreto 222/2003, que regula el procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte, en cuanto dispone que   "al momento de la consideración de cada propuestase tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".

En ese marco, agregó que "la propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo también se desentiende del artículo 3 del Decreto 222/2003 el cual dispone que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CSJN para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

“Existen en todo el país, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, numerosas juristas mujeres, de probada solvencia académica y aquilatada experiencia que pueden enriquecer la integración de la Corte. Lo expuesto no significa, en modo alguno, desmerecer los antecedentes académicos ni la  experiencia de los candidatos varones sugeridos por el PE, sino intenta reafirmar el compromiso del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal en la lucha por el principio democrático de la no discriminación y de la igualdad de género”, concluyó.

 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires también se pronunciaron en ese sentido. La institución presidida por Andrés Basso remarcó “la importancia de observar las disposiciones en materia de paridad de género” y que el respeto del marco convencional y constitucional en la materia “permitirá ir saldando la evidente inequidad de género existente en la cobertura de cargos judiciales”, mientras que la entidad que nuclea a los magistrados bonaerenses mostró su preocupación y destacó: “Recién en este siglo las mujeres consiguieron una representación – minoritaria - en la CSJN, lo que -de continuar- solamente puede interpretarse como una persistente y retrógrada discriminación hacia las numerosas juristas destacadas de nuestra provincia y de todo el país”.

 

 

“Solo 3 mujeres han integrado el Máximo Tribunal federal, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina insta la postulación de una mujer como candidata a suplir la vacancia en el cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género”, enfatizó la AMJA.

Desde la e la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) se destacó “la importancia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuente con un equilibrio de género entre sus integrantes”. Sin emitir opinión sobre los candidatos propuestos, Las juezas y jueces federales resaltaron “que el Tribunal ya contó con tres juezas que enriquecieron con su perspectiva sus fallos”.

“Constituiría un retroceso en los avances del reconocimiento de paridad de género que, habiendo en todo el país juristas mujeres con experiencia, trayectoria y reconocimiento, no se propongan para cubrir las vacantes”, señala el comunicado de la JUTOF, que lleva la firma de su presidenta y su secretaria general, las juezas Gretel Diamante y Sabrina Namer.

En la misma línea, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), destacó que la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, instrumento con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en los términos del art. 75 inc. 22 de nuestra norma fundamental, conforme el cual “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz".

Por lo tanto, “se solicita al Sr. Presidente de la Nación que, en el ejercicio de su atribución conforme el art. 99 inc. 4° de “nombrar los magistrados de la Corte Suprema”, dé pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan la igualdad entre varones y mujeres”.

“Solo 3 mujeres han integrado el Máximo Tribunal federal, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina insta la postulación de una mujer como candidata a suplir la vacancia en el cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género”, enfatizó la AMJA.

Por otra parte, la Facultad de Derecho de Universidad Austral, institución cuyo decano es Manuel García-Mansilla, hizo pública su satisfacción por la nominación del letrado. Fue a través de un comunicado donde felicita al especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario “y a la comunidad de la Facultad de Derecho por esta distinción trascendente para los valores republicanos y democráticos de nuestro país y de nuestra universidad”.



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