24 de May de 2024
Edición 6973 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 27/05/2024
Ley Ómnibus

Los abogados siguen pataleando

Con otro contundente comunicado, la FACA pidió que el Congreso rechace los cambios en los divorcios y sucesiones que establece la Ley Ómnibus. A horas de la votación, el CPACF adhirió al reclamo.

A horas de que se vote en el Congreso la Ley Ómnibus que, entre otras, establece el divorcio administrativo y cambios en las sucesiones, Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un nuevo comunicado para insistir en su rechazo. 

“¿Tiene relación con la crisis que padece la sociedad argentina? No; ¿Aportan algo para su solución? No; ¿Tienen por fin satisfacer exclusivos intereses corporativos? Si; ¿Afectan el orden público? Si”, lanzó el organismo en el escueto pero contundente texto.

En esa línea, agregaron: “¿Es una falta de respeto al legislados acompañarlos insertos en una ley ómnibus con decenas de temas de suma trascendencia para el futuro de la Nación? Si; ¿Ha sido posible abocarse al estudio de los mismos con el tiempo necesario? No”.

 

Para la FACA, “sólo cabe su rechazo”. El mensaje recibió el apoyo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), apresidido por Ricardo Gil Lavedra.

 

Para la Federación “se están violentando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, en abierta confrontación con el sistema de división de poderes y al derecho de las personas de acceder a la Justicia en demanda de la tutela judicial y efectiva”.

 

No se trata del primer comunicado de la FACA, quién anteriormente solicitó a los legisladores que “se excluya su tratamiento en el marco y en todo caso se difiera su debate para las sesiones ordinarias”.

"El Poder Ejecutivo pretende transferir al ámbito administrativo potestades jurisdiccionales propias del Poder judicial, cuyo ejercicio compete exclusivamente a los jueces, únicos habilitados a para hacer efectivo el derecho humano de acceder a la justicia en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos”, sostuvo la FACA oportunamente.

Para la Federación “se están violentando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, en abierta confrontación con el sistema de división de poderes y al derecho de las personas de acceder a la justicia en demanda de la tutela judicial y efectiva”.

Los letrados se oponen a “la introducción del llamado divorcio administrativo, a través de una simple comunicación manifestada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público, atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de los cónyuges y de los hijos menores o mayores con capacidad restringida”.

En el comunicado alertan que los cambios "se fundan en falsas premisas como la necesidad de descomprimir la tarea de la Justicia, acelerar tiempos y abaratar costos. Todo lo contrario, tornará complejo lo que es simple, obligará al justiciable a deambular por escribanías y tribunales en caso de disidencias o planteos posteriores a su inicio y aumentará en gran medida los costos en tanto se deberán abonar gastos de escrituras públicas (acta de notoriedad de declaratoria de herederos), pago de  nuevos "aranceles sociales" y honorarios del escribano que se sumarán  sin razón alguna a  los honorarios del abogado interviniente".

“La discusión de estos últimos, como cualquier otra modificación del Código Civil y Comercial -cuya aplicación no ha tenido desde su puesta en vigencia objeciones o reparos de sector alguno- debe darse en otro contexto que asegure un debate legislativo amplio, plural y participativo alejado de cualquier situación de emergencia o urgencia que le son absolutamente ajenas”, concluyó el texto.


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