27 de May de 2024
Edición 6974 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 28/05/2024
Conflicto sin solución a la vista

La pelea salarial también afecta a los abogados

El CPACF y la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales se metieron de lleno en la disputa por el reclamo salarial y el rechazo al cambio de partidas presupuestarias por parte de Jefatura de Gabinete. En paralelo, el gremio lleva adelante un paro de 36 horas y no descarta más medidas de fuerza.

(UEJN)
Por:
Rita Lucca
Por:
Rita Lucca

Tal como lo contó Diario Judicial, un nuevo conflicto surgió entre el Gobierno y el Poder Judicial, luego de que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitara un aumento salarial -correspondiente al segundo tramo de 2023- y la Jefatura de Gabinete, a cargo de Agustín Rossi, rechazara el pedido.

Desde el Gobierno expusieron que “la sequía, la situación crítica que atraviesa el Tesoro Nacional en el escenario mundial y contexto macroeconómico imperante”, y así sugirieron utilizar los ahorros acumulados en el "fondo anticíclico" de la Corte, creado en noviembre de 2008 “para garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos”.

Como respuesta, el gremio -liderado por Julio Piumato- lanzó un paro por 36 horas, en demanda del pago que había sido acordado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad salarial”, expresaron desde el interior de la UEJN, donde ya analizan nuevas medidas de fuerza para los próximos días ante la falta de respuesta.

Pero la pelea -aún lejos de una tregua- sumó nuevos actores. Por un lado, el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, reclamó por el monto actual de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), que fue actualizada en marzo pasado y que “pierde valor” frente a la inflación.

En este sentido, Gil Lavedra recordó que “los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios” y que la "determinación de ellos depende de la fijación de la UMA, que es una unidad de medida que establece la Corte Suprema en base a los montos de los salarios de los jueces de primera instancia”.

 

En paralelo, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales sostuvo que la postura del Gobierno respecto a las partidas presupuestarias "evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial, que se acelera con actitudes
institucionales".

 

“A la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha fijado un nuevo monto porque el Poder Ejecutivo no habilita la partida presupuestaria necesaria para aumentar los sueldos del Poder Judicial de la Nación, de la que depende su valor. En el contexto económico actual que sufre el país no podemos ser rehenes de la disputa política existente entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios, que poseen carácter alimentario. Es por ello que desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal exigimos que se solucione el diferendo y se proceda a actualizar de manera urgente el valor de la UMA”, dijo la entidad en un comunicado.

En paralelo, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales sostuvo que la postura del Gobierno respecto a las partidas presupuestarias "evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial, que se acelera con actitudes institucionales".

"(…) el orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales, por lo que la independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a diferentes grados de autonomía presupuestaria, ni pueden permitirse interferencias –de cualquier índole- que desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento", alerta el texto que lleva la firma de camaristas de todo el país.



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