19 de Junio de 2024
Edición 6990 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/06/2024

Verano de juicio político

El Gobierno Nacional busca remover a los cuatro jueces de la Corte por supuesto "mal desempeño de sus funciones" y se prepara para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. La propuesta generó repercusiones en los pasillo de Tribunales y preocupación de las principales entidades.

El presidente Alberto Fernández presentó un pedido de juicio político por presunto “mal desempeño de sus funciones” contra los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El texto ya fue entregado al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y a la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara, y se espera que en los próximos días se convoque a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

La propuesta recibió el apoyo de algunos gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT, como también el rechazo de parte del arco político. En las últimas horas se sumaron agrupaciones y entidades relacionadas al Derecho, que expresaron su preocupación.

En un comunicado, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su “profunda alarma por el deterioro institucional” y advirtió que la solicitud formulada por el titular del Poder Ejecutivo no satisface mínimamente los mencionados recaudos.

 

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), a cargo de Marcelo Gallo Tagle, también expresó su preocupación y aseveró que el pedido de juicio político “implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional” al “pretender condicional el ejercicio independiente de la magistratura”.

 

“Se invoca como causales el modo como la Corte ejerció el control de constitucionalidad respecto de una ley del Congreso referente al Consejo de la Magistratura, y a una medida cautelar en un juicio de jurisdicción originaria relativo a la coparticipación que le correspondería a la Ciudad”, señaló la entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra, y concluyó: “Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”.

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), a cargo de Marcelo Gallo Tagle, también expresó su preocupación y aseveró que el pedido de juicio político “implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional” al “pretender condicional el ejercicio independiente de la magistratura”.

“La división de poderes y la independencia judicial, establecidos en la Constitución Nacional, deben asegurarse bajo cualquier circunstancia para garantizar un estado de derecho”, indicó la AMFJN.

A este rechazo se sumó la Lista Compromiso Judicial: “Expresamos nuestra preocupación ante las intenciones de abrir un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, vinculado con el contenido de sus sentencias. El respeto y cumplimiento de los fallos judiciales, particularmente aquellos emitidos por el máximo tribunal del país, deben acatarse siempre, en función de la garantía de debido proceso y el Estado de Derecho, sostuvo la agrupación”.

Por último, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires opinó que se trata de una “nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado artículo 53”, y calificó al pedido de una “muestra de una clara vocación autoritaria”.

 

 

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