19 de Julio de 2024
Edicion 7009 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/07/2024
La Plata

Rompé Pepe, rompé

La Justicia admitió el reclamo del dueño de un terreno contra un matrimonio que lo usurpó y edificó sin su consentimiento. Los jueces negaron que el demandado tuviera derecho a ser indemnizado por las mejoras que hizo.

En autos “S.M.D. C/C.F.J. S/ INCIDENTE POR COBRO DE MEJORAS”, la Sala II de la Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata revocó la sentencia dictada en primera instancia, admitiendo la apelación de la parte accionada.

En consecuencia, reconoció el derecho del actor a exigir la demolición de la construcción erigida de mala fe por M. D. S. en el lote de su propiedad, condicionada a la previa comprobación de la diferencia entre el valor actual de la finca construida y del terreno sin ella.

La alzada admitió el recurso del actor y modificó parcialmente el fallo del magistrado de primera instancia, que hab[ia hecho lugar a la demanda promovida por M.D.S contra F.J.C y, en consecuencia, tuvo por “reconocidas las mejoras introducidas por el actor al inmueble sito en la calle ...... de La Plata y cuyo pago estará a cargo del demandado, dentro del plazo de treinta días de quedar firme [su] valor actual” a determinar por el perito arquitecto en la 2 etapa de ejecución de sentencia, marco en el cual se establecerán los intereses requeridos en caso de mora en el cumplimiento (arts. 163 inc. 6 y 7, 509 y 511 del CPCC).

El actor había cuestionado el pronunciamiento  afirmando que  S. es un intruso que edificó de mala fe en un inmueble ajeno y que, tratándose de un ocupante de mala fe y vicioso, carecía de derecho a cobrar las mejoras útiles y necesarias, y menos aún estaba facultado para retener el inmueble, "toda vez que incurrió en un ilícito que no puede ser fuente de derechos".

 

"Por tratarse de un ocupante de mala fe y vicioso deviene improcedente el cobro pretendido, pues el obrar ilícito desplegado no puede ser fuente de derechos”

 

Los jueces Federico Garcia Ceppi e Irene Hooft  decidieron revocar lo resuelto en grado afirmando que previamente, en el juicio de desalojo, se tuvo por acreditada la condición de intruso del  actor cuyo ingreso, según relataron los testigos, lo fue de modo clandestino y con violencia. “Que por tratarse de un ocupante de mala fe y vicioso deviene improcedente el cobro pretendido, pues el obrar ilícito desplegado no puede ser fuente de derechos” sostuvieron los magistrados.

Además valoraron que el accionado C. se encuentra en una situación de vulnerabilidad producto de su avanzada edad, afecciones médicas preexistentes y un crítico estado de pobreza, circunstancias que merecen ser atendidas con especial cuidado.

“Es deber del Estado brindar respuestas diferenciadas a quienes integran sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos (arg. art. 75 incs. 22, 23 Const. Nac.; CSJN, Fallos 343:264, cons. 8 y 9; CIPDHPM, incorporado por ley 27.360)” citaron los magistrados.

“Tras transitar un largo proceso judicial en procura del reconocimiento de su derecho quien, luego de obtener una decisión favorable, C. se vería imposibilitado de recuperar el predio pues carece de los recursos mínimos para afrontar el pago de la construcción erigida de mala fe” concluye la sentencia.



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