Fuerte impacto del encarcelamiento familiar

La Procuración penal Penitenciaria (PPN) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación que incorpore la situación de las mujeres y personas gestantes en contacto con el sistema penal y la primera infancia dentro de las políticas públicas que contempla la reciente Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”.

Dicha normativa busca “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia (…) con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Desde el órgano señalaron que el encarcelamiento de un familiar "implica un fuerte impacto sobre el grupo familiar, más aún, en el caso de mujeres y personas gestantes, así como también en los niños y niñas".

"El derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional reconocen el derecho de todas las personas a la salud pública, a la seguridad social, a una vida libre de violencia, e instan al Estado argentino a realizar esfuerzos adicionales para conseguir que grupos históricamente excluidos puedan acceder a estos derechos. Las mujeres privadas de su libertad y la primera infancia, sin dudas, pertenecen a este último grupo y tienen una expectativa legítima de acceder a estos derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas", concluye la recomendación.

"Atender a este impacto diferencial es fundamental desde una perspectiva de género y derechos humanos, pero también en línea con la implementación de políticas de seguridad democráticas y de inclusión social", afirmó la PPN y advirtió: "Resulta necesario elaborar políticas públicas, integrales e interseccionales, que incluyan a todos los niveles del Estado".

De este modo, la Procuración solicitó a la cartera de Salud "contemplar a todos los grupos especialmente vulnerados, inclusive aquellos que se encuentran en contacto con el sistema penal". 

"El derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional reconocen el derecho de todas las personas a la salud pública, a la seguridad social, a una vida libre de violencia, e instan al Estado argentino a realizar esfuerzos adicionales para conseguir que grupos históricamente excluidos puedan acceder a estos derechos. Las mujeres privadas de su libertad y la primera infancia, sin dudas, pertenecen a este último grupo y tienen una expectativa legítima de acceder a estos derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas", concluye la recomendación.