17 de Abril de 2024
Edición 6947 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/04/2024

Mordió la condena

Una mujer deberá realizar tareas comunitarias durante un año porque sacó a pasear a su perro sin correa y el animal mordió a una persona. La medida fue ordenada en el marco de una suspensión de juicio a prueba.

Un Juzgado de Garantías de Río Negro condenó a una mujer, dueña de un perro que mordió a una persona en la calle, a realizar un año de tareas comunitarias y acogerse a las pautas de conducta previstas en el Código Penal por las lesion que causó el animal.

El juez hizo lugar a la petición efectuada por la fiscalía y acordada por la defensa de la mujer imputada por lesiones leves, en el marco de una suspensión de juicio a prueba y también le ordenó a la condenada "extremar todos los recaudos para que la situación con el can de su propiedad no se reitere".

La representante del Ministerio Público destacó que el animal estaba suelto en la vía pública, sin bozal ni correa y la dueña debió mantenerlo en el interior de su terreno, además de instalar cartelería que indique "perro peligroso". 

El fallo destacó que al dejar al perro libre se vulneró el deber de cuidado que en Rio Negro tiene su marco legal en la ley 4043 y las lesiones causadas fueron calificadas como leves. Asimismo, se tomó como elemento probatorio el testimonio de un empleado policial que pudo verificar la agresividad del animal cuando se presentó en el domicilio a notificar.

"Los perros potencialmente peligrosos deberán ser conducidos en espacios públicos debidamente atados y con bozal. La correa y el bozal deberán ser proporcionales en cuanto a tamaño y resistencia a la conformación física del animal", sostiene la sentencia.

La representante del Ministerio Público destacó que el animal estaba suelto en la vía pública, sin bozal ni correa y la dueña debió mantenerlo en el interior de su terreno, además de instalar cartelería que indique "perro peligroso". 

Finalmente, se aclaró que se dispuso el cumplimiento de las pautas sin resarcimiento económico debido a la situación de la mujer imputada que no permite concretarlo, corroborada a través de un informe social.

 

 

 


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