El Gobierno de la Ciudad deberá hisopar a todos los trabajadores del Hospital Durand luego de que la Cámara del Trabajo confirmara la medida. Se busca determinar la cantidad de casos positivos y en su caso activar los protocolos.
La Sala I Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá testear a todos los trabajadores del Hospital Durand.
En la causa se presentaron empleados y empleadas del servicio de terapia intensiva, consultorios externos, terapia intensiva y Unidad Coronaria del Hospital General “Carlos G. Durand”. La pretensión fue dirigida a que tanto la ART demandada como su empleadora, dirijan su accionar a reforzar la higiene del ambiente laboral en el cual se desempeñan, mediante la provisión de elementos de seguridad y protección que eviten el contagio.
El Juzgado de Feria receptó la petición y ordenó al Gobierno porteño a que refuerce las medidas, y a Provincia ART SA a que adopte las medidas de prevención y de control. Ante la solicitud de ampliación, el juez resolvió los “testeos a todo el personal sanitario que presta tareas en el Hospital Durand a fin de determinar la cantidad de casos positivos y en su caso activar los protocolos correspondientes”.
La Ejecutivo local, por su parte, esgrimió que la realización de test a la totalidad de la planta médica “resulta infructífera” y que “sólo procede frente a casos sospechosos de la enfermedad”.
El caso llegó a la Cámara del Trabajo, donde las vocales María Cecilia Hockl y Gabriela Vázquez confirmaron la medida cautelar y su ampliación dictada en origen en los autos “M., S. y otros C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro S/Acción de Amparo”.
En el fallo, las juezas recordaron que el personal de la salud demandante se encuentra “exceptuado del cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio” por tratarse de un grupo compuesto por personas que se encuentran afectadas a actividades y servicios esenciales. Destacaron, además, que las prestaciones otorgadas por los profesionales de la salud “redundan en el interés público dirigido a paliar las consecuencias dañosas de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y, especialmente, el área metropolitana de Buenos Aires”.
De este modo, las camaristas confirmaron la necesidad de llevar adelante medidas para que el “personal de la salud desarrolle sus labores en las condiciones más seguras posibles, puesto que -de lo contrario- por la gravedad de los hechos de público y notorio conocimiento, podrían generarse daños irreparables”.
Según se desprende del informe emitido por el Cuerpo Médico Forense, “el personal de la salud por las características de su actividad está mucho más expuesto que el común de la población y en mayor riesgo de contagio; y en este caso los testeos frecuentes permiten la rotación y asignación de actividades para proteger al personal sin descuidar lo asistencial”.
De este modo, las camaristas confirmaron la necesidad de llevar adelante medidas para que el “personal de la salud desarrolle sus labores en las condiciones más seguras posibles, puesto que -de lo contrario- por la gravedad de los hechos de público y notorio conocimiento, podrían generarse daños irreparables”.
“(..) la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones que se orienten a asegurar la salud del colectivo laboral”, concluyó la Cámara.