La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) recomendó a los tribunales inferiores otorgar medidas alternativas a la cárcel, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, declarada por la pandemia de coronavirus y la producida por el hacinamiento general que se registra en las cárceles federales "fruto del hiperencarcelamiento".
La Acordada lleva la firma de Ángela Ledesma, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, y Javier Carbajo y responde al planteo realizado por Guillermo Todarello, defensor público oficial y co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) y por Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Los camaristas detallaron que el objetivo de reducir la población carcelaria es "inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario", frente al COVID-19.
Puntualmente, los magistrados recomendaron tomar medidas como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que correspondan, respecto de personas que se encuentren con prisión preventiva por "delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso".
Destacaron los jueces que la medida es extensiva a personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta, así como a personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión y a personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional.
La Cámara recomendó, además, otorgar la prisión domiciliaria a "mujeres embarazadas y/o detenidas con sus hijos/as; a personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidad que puedan estar expuestas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19, y a personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH".
Finalmente, resaltaron que en cada caso "deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados".