Todo parece indicar que el proceso que se sigue en contra del juez del fuero de Instrucción Roberto Murature sufrirá una nueva demora, dado que el imputado por presunto cohecho y coacción agravada, no podrá prestar ampliación de indagatoria mañana, ya que su expediente aún sigue en la Cámara del Crimen.
Hace una semana, el propio Murature presentó ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura un escrito de 25 carillas y un anexo documental a la manera de descargo para desestimar las imputaciones en su contra sobre presunto mal desempeño en sus funciones y, además, solicitó ser entrevistado por los consejeros despues de la ampliación de indagatoria que debe prestar ante su par Marcelo Albero.
En virtud de esto el Consejo volvió a citar al juez para el próximo 27 de noviembre, pero ahora la nueva convocatoria del cuerpo de justicia quedará supeditada a la presentación del magistrado ante Albero.
Esta causa se inició por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades, Murature, quien sigue en libertad a raíz de sus fueros,
En el mismo expediente está aún prófugo el abogado Manuel Pallasá, que presuntamente estaría vinculado con Murature en las maniobras que existían en esa dependencia judicial.
Al parecer, el letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vio agravado ya que Murature habría tratado 16 expedientes en donde el abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban Pallasá y sus socios terminaban en el juzgado de Murature.
Los denunciantes, a los que se les suma José Visciglio, quien denunció al abogado, se presentaron ante la justicia ya que a estos le generaba sospechas el hecho de que Pallasá, un letrado que se dedica a temas comerciales, tuviera siempre sus causas en el juzgado de Murature.
Pallasá, quien había sido apoderado especial de la suegra del juez, según se ventiló en el expediente, solía pedir allanamientos e intervenciones telefónicas sin fundamento, los que eran ordenados en forma inmediata por el magistrado.
También se desprendió de una declaración de un empleado del estudio del abogado que "entre las 8.30 y las 9.30 estaba siempre en el despacho del juez" y que hasta "llegó a redactar resoluciones en su notebook, que luego llevó en diskette al juzgado para que el magistrado rubricara.