La Cámara de Diputados debatirá una serie de proyectos para establecer la extinción de dominio de los bienes que se encuentren en una circunstancia ilícita. Las iniciativas coinciden en la "necesidad de implementar herramientas legales que avancen sobre las riquezas generadas por las actividades ilícitas".
Como parte de la lucha contra el narcotráfico, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir una serie de proyectos de ley para establecer la extinción de dominio de todos aquellos bienes de procedencia ilícita.
La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente "en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes que se encuentren en una circunstancia ilícita; por sentencia judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, independientemente de quien sea su titular".
Actualmente existen tres iniciativas presentadas por los diputados nacionales Elisa Carrió (Coalición Cívica), Miguel Bazze (UCR) y Héctor Gutiérrez (UCR). "En nuestro país en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del narcotráfico, de la corrupción y de los casos de lavado de dinero -muchos de los cuales han adquirido notoria publicidad-, razón por la cual resulta imprescindible que el Congreso sancione las leyes pertinentes para que los otros dos poderes del Estado cuenten con los instrumentos idóneos para poder combatirlos", destacó el proyecto de la diputada Carrió.
En tal sentido, dicha iniciativa busca crear una "institución jurídica de la extinción de dominio mediante la cual todos aquellos bienes cuyos propietarios no puedan justificar su origen -y, por ello, se determine que son de procedencia ilícita- pasen a formar parte del patrimonio del estado, a través de una transferencia de dominio en favor de este último".
Por su parte, el diputado Sergio Massa (Frente Renovador) impulsó otro proyecto similar. "Es necesario ubicar a la República en el marco normativo más moderno que nos permita precavernos de comportamientos ilícitos y delictivos y a su vez garantizar el derecho de propiedad contemplado en la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional", indicó en sus fundamentos.
Según la propuesta, "las organizaciones criminales diseñan e implementan acciones tendientes a desapoderar todo tipo de bienes que luego reutilizan en sus conductas ilícitas o tratan de lavar o blanquear, dando una apariencia de licitud a ganancias mal habidas".
En 2014, la Cámara Alta aprobó por unanimidad un proyecto del senador santafesino Rubén Giustiniani, que aún continúa con estado parlamentario."El decomiso de las ganancias y riquezas provenientes del narcotráfico se presenta en un número relativamente bajo de sentencias condenatorias", fundamentó.
"Las investigaciones que avancen sobre el poderío económico de la criminalidad organizada siguen siendo en este sentido una deuda pendiente de jueces y fiscales.Estas deficiencias en el accionar de la justicia responden a causas diversas: el fallecimiento o la fuga de los acusados, las dificultades para identificar la propiedad de bienes en cabeza de testaferros, la insuficiencia o destrucción de evidencia".
La iniciativa resaltó que "es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución penal de los criminales, avancen sobre las riquezas generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la recuperación de dichos bienes para el Estado".