13 de May de 2024
Edición 6964 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/05/2024

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La Coalición de ONGs por la Reforma Procesal Penal envió un pedido a la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal para formar parte del Consejo Asesor. Entre las organizaciones se encuentran el CELS, el INECIP y la ACIJ, entre otras.

Hace apenas dos semanas, la Comisión Bicameral encargada de seguir la implementación del nuevo Código Procesal Penal creó un Consejo Asesor que está integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, la Asociación de Magistrados, gremios y, lógicamente, legisladores.

Pero a pesar de la amplitud de la convocatoria, las organizaciones integrantes de la Coalición de ONGs por la Reforma Procesal Penal solicitaron formalmente su entrada dentro de este Consejo, teniendo en consideración los aportes que llevaron a cabo durante el debate legislativo.

Esta coalición está formada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la organización Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Observatorio de la Justicia Argentina.

La presentación fue realizada con bastante antelación a la entrada en vigencia del reformado Código Procesal Penal, que entrará en vigencia el primero de marzo del año que viene, por lo que el Consejo Asesor aun tiene un largo trabajo por realizar de forma previa.

En su petición, las organizaciones precisaron que “el martes 24 de septiembre del presente año comenzó a funcionar, en el Senado de la Nación,  la Comisión Bicameral  de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación creada por el art. 7 de la ley 27.063”.

“Entre las principales funciones que se le asignaron están el diseño y coordinación acerca de cómo se llevará a cabo el proceso de implementación en la Justicia Nacional, y el posterior establecimiento del  cronograma  para la progresiva puesta en funcionamiento del nuevo código en el ámbito de la Justicia Federal”, recordaron.

En el pedido se precisó que “en vistas a dichas tareas y, atendiendo a la experiencia que han arrojado los más de  veinticinco años de reformas procesales  penales en la región, es que, desde la Coalición de ONG’s por la Reforma Procesal Penal, entendemos a la Comisión como un ámbito de suma importancia para la efectiva implementación del sistema acusatorio”.

“En rigor, la sanción del código en diciembre pasado  es apenas el comienzo de un  largo camino que debe ser concebido como un proceso que  debe ser afrontado de manera estratégica y evaluado permanentemente, en pos del objetivo final de  construir nuevas formas de administrar justicia”, indicaron las organizaciones.


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