El oficialismo en la Cámara de Diputados logró aprobar la reforma del código antes de fin de año, tal como se había propuesto. En la noche del jueves, luego de un debate maratónico en el recinto de los Diputados, la cámara aprobó las modificaciones pese que la oposición apuntó con la procuradora Alejandra Gils Carbó y sus nuevas facultades "discrecionales" para las designaciones así como la "impunidad" de los funcionarios público que supuestamente busca la Casa Rosada con esta reforma penal.
Una vez más, y tal como había ocurrido en los encuentros de comisiones, los principales cruces entre diputados se dieron en torno a la creación de nuevos cargos fiscales, ya que desde la oposición afirmaron que esto va a garantizar la “impunidad” de los funcionarios del Gobierno una vez que culminen las elecciones de 2015. Pero el oficialismo respondió alegando que los cargos existentes no alcanzan para hacer frente al caudal de casos que atraviesan el fuero Penal.
La diputada Diana Conti (FpV) precisó que “aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza”. Además, agregó que el avance en torno a los juicios por delitos de lesa humanidad provocó que los fiscales se avoquen más a esa tarea que a las relativas a otros tipos de delito.
Al mismo tiempo, la integrante de la Cámara Baja reseñó que “en rasgos gruesos hay un acuerdo absoluto para pasar a un sistema procesal de corte acusatorio, donde el fiscal sea el que investiga y el juez resuelva frente a un imputado y un defensor”.
Por su parte, Luis Petri (UCR) señaló que la procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó se convirtió en “el comisario judicial del gobierno”. De esta forma encabezó algunas de las críticas centrales de la oposición, desde donde alegan que la titular del Ministerio Público tendrá facultades “excesivas” para su accionar.
En tanto, Graciela Giannettasio (FpV) defendió la iniciativa al afirmar que este nuevo Código “pone a la víctima en el centro de la escena”. “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”, consignó la integrante de la Cámara Baja, y agregó que en la actualidad el sistema Penal “no cumple eficazmente sus funciones”.
Además explicó que el sistema inquisitivo implica el “peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia”.
Claudio Lozano (UP) también se mostró en contra del nuevo Código porque entendió que se trata de una “operación política dirigida a nombrar 1.700 cargos designados por el Gobierno saliente adentro del Poder Judicial”. “Se convoca a un debate académico para meter una fuerza operativa que garantice impunidad”, afirmó.
dju
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