Bonadío, según confirmó Diariojudicial.com, rechazó los argumentos de recusación del fiscal Oscar Amirante quien sostuvo que por haber participado de la reunión el juez podría ser convocado también como testigo en la causa, pero adujo en cambio que la campaña mediática ejercida en su contra por Cavallo y sus abogados le ocasionó una “violencia moral” que lo obliga a apartarse .
El magistrado había delegado en Amirante el trámite de la instrucción de la causa en la que se investiga si durante una reunión mantenida el 17 de enero pasado Soria sugirió a la mayoría de los jueces federales perseguir a Cavallo y a los banqueros, hecho que fue negado por el funcionario y también por los jueces.
En su resolución el magistrado también cuestionó a la Sala Segunda de la Cámara Federal, tribunal que había cuestionado el no apartamiento de Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, y aseguró que existe “enemistad personal ” de alguno de sus integrantes en su contra.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzum y Eduardo Luraschi -quienes dicen no haber participado de ninguna de las reuniones en cuestión— fustigaron en duros términos la permanencia de Bonadío al frente de la investigación y le hicieron saber que informarían ante el Consejo de la Magistratura y a la Procuración General por lo que consideraron como “una incomprensible omisión” por parte de la fiscalía al no haberle pedido al juez su apartamiento.
En el Consejo de la Magistratura fue designado el consejero Eduardo Orio para que lleve a cabo una investigación preliminar para determinar si Bonadío incurrió en actos de inconducta, ante la denuncia que formularon los camaristas y los abogados de Cavallo.
Amirante imputó la semana pasada a Soria y en el mismo dictamen le pidió a Bonadío que se aparte de la causa por haber formado parte de las reuniones (una se llevó a cabo en el domicilio particular del Administrador General de la Corte Nicolás Reyes y otra en la casa de la presidente de la Cámara Luisa Riva Aramayo), y señalarle que por esa razón en algún momento de la investigación le iba a pedir al propio magistrado que declare como testigo, es decir hacerlo bajo juramento de decir la verdad.
Bonadío reasumió el lunes la competencia de la causa que le había delegado a Amirante para resolver el incidente de recusación que le habían planteado los abogados de Cavallo, del estudio del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, y la de Rohm a cargo del abogado Alejandro Carrio.
En su resolución de hoy, Bonadío rechazó los términos de la recusación tal como lo planteó el fiscal Amirante por entender que si bien participó de la reunión con Soria él no había sido testigo de los dichos que se le atribuyen al titular de la SIDE, tal como lo describió el representante del ministerio Público, citando los versiones periodísticas de los hechos, publicadas por los diarios La Nación y Pagina 12.
Una fuente de la fiscalía, en tanto, anticipó que apelarán la resolución de Bonadío por entender que aunque no haya escuchado los dichos que se le atribuyen a Soria participó de las dos reuniones.
Por otra parte, el magistrado entendió que las recusaciones planteadas por el abogado Marcelo Bermolén (quien integra la defensa de Cavallo en la causa Armas) y del fiscal Amirante se efectuaron “en términos respetuosos y usuales”, pero no así los representantes del estudio de Moreno Ocampo quienes, según entendió, efectuaron “una campaña mediática” presionando en su contra que le ocasionó una “violencia moral”, que consideró también como una “carencia de ética”, según confiaron fuentes confiables del juzgado a Diariojudicial.com.
Ahora Bonadío deberá aguardar que las partes se notifiquen para decidir si envía a sorteo la causa, que podría recaer, en caso de permanecer en el fuero federal, en el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide, el único magistrado que no participó de las reuniones. Si bien la juez federal número 1, María Servini de Cubría no formó parte del grupo de jueces que se reunió con Soria, la magistrada está recusada por la defensa de Rohm, en un trámite que se encuentra en apelación ante la Cámara Federal.
Sobre este hecho, la fuente del juzgado de Bonadío cuestionó también la decisión de la Cámara de haber solicitado las presentaciones que los jueces federales que participaron de los encuentros en una requisitoria preliminar antes del dictamen del fiscal Amirante. El vocero advirtió que si para la Sala Segunda esos informes no tenían validez dentro de la aplicación del Código de Procedimientos, mal podían ser utilizados como elementos de pruebas en otra causa, como lo es la recusación de Rohm contra Servini de Cubría.