El Ministerio de Justicia de España consideró que las opiniones de magistrados sobre los distintos casos que atraen particularmente el interés de la ciudadanía generaban parcialidad y podían llegar a influir en las eventuales decisiones. Es por este motivo que desde el órgano estatal se elaboró una iniciativa que prevé que los jueces no puedan pronunciarse sobre esta clase de procesos para preservar “la independencia e imparcialidad de la Justicia”.
Esta propuesta fue discutida por algunos sectores de la administración de Justicia, pero sin embargo ya cuenta con uno de los apoyos más importantes para avanzar: el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este es el órgano de gobierno de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Desde el CGPJ se consignó en un comunicado de apoyo a la propuesta que “puede considerase justificada y proporcional, en tanto sirve al fin de preservar no sólo la independencia y la imparcialidad de la justicia, sino también su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma”.
Hubo, sin embargo, un señalamiento relativo a que los jueces fueron posicionados en el mismo espacio que las asociaciones relativas a la Justicia, y se pidió el establecimiento de “distintos límites al ejercicio de las libertades de expresión e información”. Los cambios propuestos para el proyecto, afirmaron, van en el sentido de “una regulación en términos positivos, no en términos de prohibición”.
La medida está incluida en una más abarcativa que busca reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, y entre los puntos que se tocan está el de la opinión de los jueces y otros que suscitaron la polémica y los desacuerdos, como la idea de que los fallos del Tribunal Supremo español no sean vinculantes, entre otros.
Sin embargo, hubo otros documentos del CGPJ que muestran disconformidad. Desde el ala “progresista” del organismo señalaron que esta medida y que la reforma en general de la Ley Orgánica buscaban que la Justicia se vuelva “sumisa” ante el Poder Ejecutivo, violando de esta forma preceptos constitucionales.
“Se ha elaborado y presentado a informe un texto de nuevo cuño, sin más justificación de sus previsiones que una exposición de motivos de una superficialidad y una retórica vacua que causan estupefacción, sin acompañarlo de estudios técnicos, comparativos o económicos, ni de un presupuesto o un programa de ejecución”, señalaron los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
“El nuevo diseño que se propone tiene un alcance no únicamente organizativo. Se trata de un modelo que reduce elementos sustanciales y garantías básicas de la independencia de cada juez o tribunal: la inamovilidad y la predeterminación legal del órgano para conocer de cada caso concreto”, agregaron los magistrados.
dju
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