Gracias a un veto del Ejecutivo sobre la nueva legislación en materia de lavado de activos, la Unidad de Información Financiera podrá ser querellante en los procesos penales al mismo tiempo que su titular, José Sbatella, fue imputado en la causa de los fondos de las Madres de Plaza de Mayo.
Este martes, en el Boletín Oficial, salió publicado un veto del Poder Ejecutivo a la actual Ley antilavado de Activos.
En la medida se contempla que la Unidad de Información Financiera (UIF) ahora podrá constituirse como parte querellante en los procesos penales, una de las medidas que la nueva Ley estimaba de forma contraria.
Más precisamente, el texto de la legislación estimaba en su artículo 25 que la UIF no podía "constituirse como parte querellante en procesos penales que están vinculados a casos de lavado de dinero”.
Actualmente, el organismo actúa como querella frente a cinco causas que investigan el lavado de activos. Con su actuación en esos procesos, consiguieron que los jueces encargados de esos procesos dicten medidas cautelares que condujeron a decomizaciones, embargos y congelamiento de fondos. Pero mediante los cambios en la Ley 25.246 el organismo ya no podía ejercer ese rol.
Al respecto, José Sbatella, titular de la entidad, había aseverado que “desde el rol de querellante, la UIF impulsa las investigaciones, hay muchas medidas que los jueces han ordenado en base a pedidos de la Unidad y no es cierto que se haya utilizado este instrumento políticamente; nunca hemos hecho un uso discrecional de las querellas”.
El diputado Gustavo Ferrari aseguró al respecto del veto que "queda confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del Poder".
Mientras la nueva resolución ya empieza a generar cruces entre legisladores, José Sbatella resultó imputado en la causa que investiga a Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, por enriquecimiento ilícito y malversación de los fondos de la fundación que dirige Hebe de Bonafini.
Fue debido al dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, que estimó que el titular de la UIF, actualmente en México por la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debía ser investigado en una causa penal por el delito de incumplimiento de los deberes de un funcionario público.
¿Las causas? Haber demorado casi un año la elevación a la Justicia de una investigación administrativa abierta en su organismo contra Schoklender.