El ministro de Gobierno había declarado “nosotros vemos con mucha preocupación el modo de actuar de algunos fiscales, donde tienen una cantidad de atribuciones que no asumen en plenitud, y luego tampoco dan explicaciones sustentables sobre lo que están haciendo”.
Además, aclaro que más allá que sus dichos sean “una intromisión en el Poder Judicial”, “hay una práctica permanente, tanto de parte de la justicia municipal de Faltas, que no actúa ante la ocupación de la plaza ni los cortes de calles, como por parte de algunos fiscales”. Esto último en clara alusión al acampe que se está llevando a cabo por parte de pueblos originarios en la plaza 25 de mayo, donde gran cantidad de indígenas y campesinos se encuentran esperando respuestas del gobernador Jorge Capitanich por compromisos asumidos el año pasado.
El procurador respondió que “en el caso de que (el acampe) esté protagonizado por un número significativo de personas y configure una invasión al espacio público, sin perjuicio de las derivaciones que de aquel pueda inferirse (destrucción y/o daño de flora, etcétera), desorden en la implementación del operativo propuesto y/o detrimento de bienes que pertenecerían al erario municipal, cuando ocasiona disturbios y contravenciones a quien compete actuar es al Juzgado de Faltas dependiente del Poder Judicial de la provincia, así como en aquellas situaciones atípicas que no configuran delitos contemplados en la legislación penal de fondo pero sí contravenciones libradas a la órbita de la misma jurisdicción y competencia. Por ello, asimismo, cuando se garantiza la circulación por caminos alternativos y no se configuran los presupuestos previstos en el artículo 194 del CP, la injerencia del Ministerio Público podría ser excesiva”.
De esta manera, defendió la autonomía funcional de los fiscales emanada de la Constitución provincial. Así como también el accionar de estos, explicando que “actúan de oficio únicamente cuando toman conocimiento de la presunta comisión de un delito de acción pública, en procura de investigarlo y hacer cesar los efectos del mismo, para lo cual se utilizan vías rápidas de acción, siempre con la inmediata y directa colaboración de la Policía de la provincia, que no escatima esfuerzos para cumplir con la labor asignada por el ordenamiento procesal vigente”. Pues corresponde “exclusivamente a la Policía de la provincia adoptar los mecanismos de prevención, para que el accionar individual y/o colectivo no infrinja la ley”.
Pedrini también acusó a los fiscales de hacer diferencias en su desempeño cuando las involucradas son empresas privadas a diferencia de cuando lo es la administración pública. “Llama la atención que los fiscales, cuando hay denuncias por amenazas contra el vicegobernador o una amenaza de bomba en la Casa de Gobierno, no actúan con la misma premura que actuaron en la planta de gas de la ruta 11”, agregando que “hoy resulta que no investigan ni el 10% de las denuncias que tienen que llevar adelante. Es necesario que veamos a los fiscales en las calles, no tan encerrados en las oficinas, y que todos nos pongamos a la altura de las circunstancias, porque hasta ahora todo recae en el gobierno provincial y en la Policía del Chaco. Nosotros no archivamos ninguna de nuestras responsabilidades, pero aspiramos a que los fiscales comiencen a actuar como se debe”.
Canteros señaló que “no se interpreta en base a qué parámetros y evaluaciones el ministro de Gobierno adjudica a las Fiscalías la escasa investigación de menos del 10% de las denuncias que se formulan, habida cuenta que no impone a la comunidad cuál es la base referencial de su conocimiento”. Agregando que sería “oportuno aclarar que la temática abordada en torno a las reflexiones vertidas correspondería a una tarea que excede la competencia de su Ministerio”.
Otro tanto también expuso en referencia a las amenazas contra el vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Se indicó que existe una causa abierta al respecto radicada ante la Fiscalía de Investigación Nº 1, a cargo del doctor Alfredo Soucasse bajo los autos “Bacileff Ivanoff, Juan Carlos s/denuncia amenazas” (expediente Nº 23338/09). Y con respecto al segundo hecho intimidatorio sufrido, el procurador dijo que “se practica investigación oficiosa por tratarse de un delito de acción pública, en procura de establecer el origen del mensaje y la identidad del o los autores del hecho” (“Fiscal de Investigación Penal Nº 5, Resistencia-Chaco, doctora Nélida María Villalva s/inicia actuaciones”). Lo mismo que se está iniciando contra la amenaza de bomba hacia la gobernación de Chaco.
Este cruce entre miembros de los poderes Judicial y Ejecutivo se da luego de que el último 12 de agosto, se reunieran los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Gobernador Jorge Capitanich, en donde se planteó la preocupación por la situación presupuestaria provincial y el impacto que esta posee sobre las proyecciones que realizó el Poder Judicial.