Se trata del camarista subrogante Pereyra González, quien se desempeñó como secretario de un juzgado federal en San Luis durante la última dictadura y según los denunciantes, presenció sesiones de tortura. Lo acusan de presenciar una sesión de torturas junto a la Policía puntana, de una joven de 21 años que dos días después apareció muerta.
La acusación pública data de hace varios años, pero se reimpulsó luego que un testigo declarase semanas atrás ante el Tribunal Oral Federal de San Luis en un juicio que terminó con condenas de prisión perpetua a un grupo de ex represores. Se trató del primer proceso judicial por estos delitos realizado en la provincia de San Luis.
En su presentación ante la fiscalía federal de San Luis, a cargo de Mónica Spagnulo, el hermano de Pedro Valentín Ledesma (desaparecido), aseguró que el magistrado tuvo cabal conocimiento de los hechos, y que “guardó un ominoso silencio durante todos estos años de democracia”.
Además agregó que no le dio curso a una denuncia realizada por el padre de Ledesma, quien había mantenido una reunión con el magistrado.
“Mintió también el juez de la Nación Pereyra González en su declaración cuando afirmó no haber tenido conocimiento de que hubiera desaparecidos en San Luis, pues se probó en el juicio como bien lo dijo en su fallo el Tribunal Oral, que supo que Pedro Valentín Ledesma estaba desaparecido”, señala la presentación.
“Todos los antecedentes que se han reseñado sin duda constituyen la razón por la que hoy este y otros magistrados comprometidos con la dictadura, dictan resoluciones como las que motivaron denuncias por parte de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza, conforme se ha hecho público, pues, bajo el supuesto amparo de normas legales, esos mismos magistrados se encargan hoy de continuar garantizando la impunidad, tal como ha quedado demostrado en la ciudad de Mendoza donde este Magistrado conjuntamente con los demás miembros de la Cámara Federal dictaron la falta de mérito y excarcelaron a ex policías y militares”, añade la misma.
El juez “ha incurrido en mal desempeño en sus funciones, en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y ha cometido graves irregularidades en los procedimientos en los que ha intervenido”, por lo que “solicitamos se de trámite a la presente denuncia instando el procedimiento de ley a fin de que se lleve adelante la constitución del Jury de Enjuiciamiento”. Asimismo solicitaban al Jurado de Enjuiciamiento que “le requiera al Poder Ejecutivo Nacional la no aceptación de la renuncia" para que "sea ese órgano constitucional el que pueda mostrar ante la ciudadanía su real compromiso con la buena administración de justicia”. No obstante, este jueves 14 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 537/2009, mediante el cual se le aceptó y oficializó la renuncia a su cargo como juez de la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.