Para suavizar el enfrentamiento, Matutes, conformó que su ministerio estudiará el alegato de Garzón pero reiteró que su Gobierno se negaría a tramitar a Londres toda alegación judicial que no aporte "nada nuevo" al procedimiento británico sobre el "caso Pinochet. Siguiendo esta línea, el portavoz gubernamental Josep Piqué advirtió este viernes que "no es ningún elemento nuevo el pedir algo que el propio gobierno británico ha dicho ya que desde su punto de vista no es necesario".
Para el gobierno de Aznar no hay nada que agregar sobre la posición de su par británico al considerar que "los exámenes médicos son suficientemente contundentes y unánimes y que no existe ningún elemento que permita pensar que el estado de salud de Pinochet va a mejorar. Sin embargo, la polémica en torno a la posibilidad de que la vía política del problema puede anular la vía judicial, no ha terminado en España.
Para Garzón esta es la única salida judicial que tenía debido a la "confidencialidad" del examen médico practicado a Pinochet el pasado 5 de enero en Londres y que en forma "inequívoca" -- según el ministerio británico del Interior-- dictaminó la imposibilidad físico mental del ex general para afrontar un prolongado juicio. Los abogados de los familiares de las víctimas de la represión pinochetista coincidieron en que "de acuerdo con los tratados internacionales firmados sobre la colaboración judicial en este tipo de procedimiento, el juez Garzón tiene todo el derecho a conocer el resultado de un examen médico que puede ser utilizado para liberar al acusado".
En ese sentido, el abogado Joan Garcés dijo que si no tiene acceso a este informe médico, el juez instructor del caso también tiene todo el derecho a pedir un nuevo examen del acusado para cerciorarse de su incapacidad mental para afrontar un juicio. "Como las autoridades británicas no están en condiciones de transmitir estos datos a la justicia española, el juez pidió un segundo examen médico con la participación de forenses de la Audiencia Nacional", reveló el abogado madrileño.
Garzón quiere conocer el dictamen médico para determinar si sigue con el proceso o lo archiva. Con respeto a la posición del Gobierno español, sus allegados opinan que se debe respetar la Constitución y no entorpecer la acción judicial. Garzón no quiere informes confidenciales según su alegato que fueron recibidos por el ministerio de Asuntos Exteriores, que deberá examinar la posibilidad de remitirlas a Londres. Los abogados creen que el Gobierno evitará "tramitar una gestión judicial avalada por la Constitución".
Pero mientras en España se discute la viabilidad jurídica de la extradición de Pinochet, en Inglaterra se polemiza por el costo de su internación en ese país para el erario público: u$s 18,4 millones según público el periódico "The Indepent" y estalló la discusión. El caso del ex dictador se ha convertido en el más caro de la historia jurídica británica.
Más de 100 abogados y 16 jueces, 12 de ellos de la cámara de los lores, se han involucrado en él, durante los quince meses de vaivenes judiciales relacionados a la extradición del ahora senador vitalicio, según el diario. La custodia del general en retiro, de 84 años, cuesta semanalmente 50.000 libras esterlinas (83.334 dólares), desde que fue arrestado en octubre de 1998.