Estudia el gobierno decretar plan de emergencia judicial

Fernando de la Rúa tiene a su disposición un proyecto de "emergencia judicial" diseñado por el ministro Ricardo Gil Lavedra con el objetivo de crear y reordenar juzgados y cubrir las casi cien vacantes de magistrados que existen en la actualidad. Así lo confirmó el propio Gil Lavedra, quien explicó que el presidente aún no resolvió si incluirá el proyecto dentro de la serie de medidas de emergencia económica o si aguardará hasta el mes próximo para girar la iniciativa al Congreso.

Lo que tampoco dijo Gil Lavedra es como hará el gobierno para negociar con un Senado con mayoría peronista. "Está a la firma del presidente. Pero no sé si va a estar incluido en este conjunto o lo vamos a hacer el mes que viene", dijo Gil Lavedra aunque no tiene definido el momento de que se mandará el proyecto al Congreso. El ministro dijo que se tendrá en cuenta "cómo va la marcha" del resto de los proyectos enviados en los últimos días como parte del paquete de emergencia económica.

Un resumen del proyecto es el siguiente:

- Se plantea la creación de secretarías con los juzgados comerciales, la redistribución entre los juzgados de trabajo y previsionales, la creación de juzgados de instrucción y cambios de competencia.

- Se incluirá el sistema de subrogancias, por el cual el presidente puede nombrar jueces, ad-referendum del Consejo de la Magistratura, sin esperar a que ese cuerpo colegiado resuelva las designaciones en el plazo de 120 días previsto por la actual legislación.

- Con esta medida se busca que pueda haber prestación de servicios" cortados, especialmente en distintos fueros de la Ciudad de Buenos Aires, además de habilitarse la cobertura de vacantes en juzgados nacionales. (Existen unos 100 juzgados vacantes, ya que a los setenta que existían hasta fines de 1999 se sumaron más de veinte de jueces que se jubilaron o se acogieron al retiro voluntario).

- De acuerdo con lo previsto por el sistema de subrogancias, el Poder Ejecutivo podrá cubrir esas vacantes con secretarios de juzgados o bien con magistrados jubilados, y luego poner ad-referendum del Consejo la Magistratura esas designaciones a fin de establecer si se adecuan a los concursos de ese organismo.

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